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Miércoles, 21 de Febrero de 2018 - 00:00:00 | 321 | |

Puerto Rico: incertidumbre fiscal en medio de crisis humanitaria

En este artículo: San Juan, Puerto Rico, Huracán María, Energía eléctrica, Emigración



San Juan, 21 feb.- A cinco meses de la devastación ocasionada por el huracán María, Puerto Rico navega hoy en un mar de incertidumbre fiscal, mientras un 30 % de la población permanece sin energía eléctrica.

Por esta situación, miles de pequeños negocios operan parcialmente e incurren en enormes gastos para combustible, o sencillamente no han podido abrir, lo que ha dejado en la calle a cientos de trabajadores.

Como reacción a la incertidumbre, que ha disparado una emigración masiva de puertorriqueños en los últimos meses, la oposición política impulsa la interpelación de los funcionarios del gobierno y la junta de control fiscal.

“Nadie sabe lo que ocurre, nadie sabe a quién creerle y lo idóneo aquí es que nosotros establezcamos un proceso en el que por fin el gobernador de Puerto Rico y su estructura financiera le presenten al país la realidad por la que estamos atravesando”, planteó el diputado Rafael Hernández Montañez.

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y las discrepancias en el mensaje del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares impiden a los ciudadanos tener un cuadro claro de la situación fiscal del país.

Cómo es posible, cuestionó, que la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento de 550 millones de dólares para la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y después la junta de control fiscal y el gobierno puertorriqueño solicitan un préstamo de mil 300 millones con el mismo fin.

La solicitud le fue denegada por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien instruyó que la solicitud fuera por 300 millones de dólares, a lo que accedió el Gobierno y el organismo de control fiscal impuesto por Washington.

De no recibir ese dinero, la AEE “que tiene una deuda de nueve mil millones de dólares” quedaría imposibilitada de adquirir combustible para la generación de electricidad, según el Gobierno, por lo que sería necesario realizar apagones selectivos.

Ante la inconsistencia sobre el rumbo que lleva esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, tras los daños provocados por el ciclón María, la delegación del PPD introdujo este martes una medida para interpelar a funcionarios del Ejecutivo de Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), y a la junta de control fiscal.

De aprobarse la resolución, para lo que deberá contar con el respaldo de los parlamentarios oficialistas que dominan ambas cámaras legislativas, la delegación del PPD propone citar, entre otros, al ministro de Hacienda, Raúl Maldonado; al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Marrero, y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, además de los miembros de la junta de control fiscal, que impuso la legislación Promesa.

“Nuestro planteamiento es que lleguen aquí (a la Asamblea Legislativa), que nos expliquen, que entremos en un diálogo”, indicó Hernández Montañez acompañado de los diputados Jesús Santa Rodríguez, José Díaz Collazo y Javier Aponte Dalmau.

Santa Rodríguez consideró necesario explicar al país y a las entidades federales en qué se utilizará el dinero que se destine a Puerto Rico, “porque no se sabe por dónde vamos”.

El gobernador Rosselló Nevares admitió por primera vez que de Estados Unidos no prestar su asistencia, Puerto Rico se encamina hacia una crisis humanitaria.

Esta misma expresión empleó su predecesor Alejandro García Padilla, del PPD, por lo que se convirtió en eje de mofa por el PNP, mientras Rosselló Nevares aseguraba que se podía pagar la deuda de 73 mil millones de dólares sin necesidad de un rescate.

La realidad irrefutable es que desde que los huracanes Irma y María azotaron al país en septiembre, 275 mil puertorriqueños se marcharon hacia Estados Unidos.

A la vez que cientos de personas murieron a consecuencia de la falta de energía eléctrica, entre otros factores, aunque el Gobierno mantiene en menos de un centenar las víctimas fatales. (PL) (Foto: Internet)

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