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Domingo, 02 de Agosto de 2020 - 00:34:44 | 320 | |

Sancionan en Camagüey a ciudadanos vinculados a actividades ilícitas durante actual situación epidemiológica

En este artículo: Camagüey, Cuba, Covid-19, Tribunal Provincial Popular, manifestaciones delictivas



Camagüey, 2 ago.- El enfrentamiento a las manifestaciones delictivas relacionadas con conductas inapropiadas en colas, revendedores de productos deficitarios y de primera necesidad, especuladores o traficantes ilegales de monedas, constituyen prioridades del Tribunal Provincial Popular de Camagüey en su función de impartir justicia con apego a la ley.

Grethe María Aguilera Fonseca, presidenta de esa estructura, explicó que desde el inicio de la afectación por la Covid-19, se han radicado en el territorio agramontino 151 asuntos y expedientes penales, y se han impuesto sanciones privativas de libertad, alternativas a estas o multas, lo cual demuestra el análisis mesurado en el orden de la legalidad y la institucionalidad.

Además de esos delitos cometidos por personas que lucraron, aprovechándose de la situación existente en el país, también se ha juzgado por actividad económica ilícita, desacato, resistencia, atentado a las autoridades o propagación de epidemia, hasta totalizar más de 130 juicios orales.

Aguilera Fonseca precisó que tienen la misión de enfrentar en esta etapa de recuperación pos Covid-19 esos hechos que impactan de manera negativa en la población, más ahora con la reciente entrada en vigor de la Instrucción 252 del Tribunal Supremo Popular, que emite precisiones para responder a esa demanda de ser enérgicos y consecuentes con la gravedad de las manifestaciones.

En tal sentido, los jueces tomarán en cuenta la magnitud y daño social en este ámbito que vive la nación, y se procede a partir de las pruebas que se presenten, las características individuales, los antecedentes y la responsabilidad en cada caso.

Ello significa que los magistrados estudian cada asunto, con estricto cumplimiento de principios como la celeridad, la observancia del debido proceso, y de los derechos y garantías de todos los implicados; pero sin dejar de tener en cuenta la peligrosidad social de la conducta que llevó a los ciudadanos hasta los tribunales.

El objetivo es, aclaró, contener y evitar tales comportamientos; sin embargo, los involucrados tendrán que responder según las diferentes modalidades delictivas que establece el Código Penal y su marco sancionador, incluyendo las accesorias como la confiscación de bienes y de dinero mal habido.

A tono con la justicia de contexto que caracteriza al sistema cubano, el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, en correspondencia con el daño que ocasionan coleros, revendedores, acaparadores, especuladores y traficantes ilegales de monedas, enfrenta tales acciones; siempre bajo el manto de la legalidad socialista. (Juan Mendoza Medina/ Radio Cadena Agramonte) (Foto: Archivo)

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