Proceso, Disturbios mercenarios, 11 de julio, Cuba

Del debido proceso, los disturbios mercenarios del 11 de julio y otras oportunas aclaraciones


Por Jorge Enrique Fuentes Ruiz/ Radio Cadena Agramonte.
Por estos días los jueces revolucionarios figuran como centro en la diana por parte de la ballesta imperial. No pocos “preocupados” dentro y fuera de la Isla manifiestan su disentir en torno a las sentencias a los “manifestantes pacíficos” del tristemente célebre 11 de julio de 2021, cuando en realidad sabemos todos que primaron los perpetradores de actos terroristas contra las instituciones del Estado y la tranquilidad ciudadana.           

A lo largo y ancho del país los días 11 y 12 de Julio del pasado calendario, contexto en el que ocurrieron las revueltas mercenarias promovidas por grupúsculos contrarrevolucionarios, las acciones desestabilizadoras desembocaron en pedradas a establecimientos comerciales, personas comunes, combatientes del Ministerio del Interior, así como robos con violencia a disímiles entidades y maniobras de agresión a patrullas y carros privados.   

Y para hablar con argumentos sobre la base de pruebas que testifican lo anteriormente planteado podemos remitirnos por citar un ejemplo de tantos, al trabajo periodístico de la corresponsal del diario Juventud Rebelde en Camagüey, Yahily Hernández Porto, con fecha 16 julio de 2021, titulado La llanura agramontina nunca será de los gusanos, donde las hermanas Yanelda y Marcia Rodríguez Caballero cuentan cómo fueron golpeadas por defender a la Revolución en esos días. 

Frente a ese panorama,los órganos de justicia socialista, hicieron sentir la mayoritariamente voluntad del pueblo para, con razón y justo juicio, condenar a los delincuentes. Ya los medios oficiales de comunicación informan los resultados de los procesos judiciales, así como las sanciones correspondientes, las cuales se concretaron al amparo del estricto cumplimiento de la ley y con todas las garantías constitucionales, con un enfoque preventivo, profiláctico y educativo.        

El sitio digital Cubadebate, en su artículo Abogados cubanos respetaron garantías de imputados por sucesos del 11 de julio, declaró que “la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba ofreció a los inculpados tras los disturbios de julio pasado una defensa independiente despojada de cualquier influencia”, y agregó “que la transparencia de la actividad jurídica en cuestión permitió que muchas personas involucradas fueran extraídas de procesos penales en su contra”. 

Por ende, el debido proceso, y entiéndase este término jurídico a decir del reconocido jurista cubano Rudy Nelson Díaz Torres, como “el conjunto de garantías que protege al ciudadano sometido a cualquier proceso que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia”, se respetó a cabalidad en torno a los imputados del 11 de julio, y no cabe ninguna violación de los Derechos Humanos en el ámbito del raciocinio jurisprudencial.  

Recientemente el compañero Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, sostuvo un emotivo encuentro con las nuevas generaciones de jueces en la hermana provincia de Villa Clara. Allí se patentizó una vez más el eterno compromiso de la judicatura con Fidel, Raúl, el Partido Comunista de Cuba, la Revolución, la justicia y el pueblo.

Se resaltó, además, en el mencionado debate, que a la hora de emitirse un fallo judicial debe prevalecer sobre todo la sensibilidad, y siempre tener presente desde la ética jurídica, que la condena no es hacia la persona en sí, sino que se ejecuta contra el abominable hecho delincuencial. Por ello, este espíritu de humanidad prima en cada proceso legal respetándose las garantías constitucionales, y así ocurre desde que los mambises entraron a Santiago de Cuba en 1959.       

En este análisis se hace indispensable redescubrir una vez más la maravilla del pensamiento jurídico-filosófico del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante su visita a Venezuela el 4 de febrero de 1989 el líder histórico de la Revolución expresó en una rueda de prensa en el Hotel Eurobuilding de Caracas, que por qué se le cuestionaba a la isla su legítimo derecho a defenderse de los agresores dentro y fuera del archipiélago, al responderle a una periodista venezolana que abordó lo referente a la “violación de los derechos humanos en Cuba”.      

Y como siempre, con ese brillante verbo y amplio arsenal de argumentos, Fidel expuso contundentemente la verdad de la mayor de Las Antillas frente a la reportera, al dejar al descubierto la genuina naturaleza insidiosa de las “preocupaciones” del vecino del norte y de algunos países de Latinoamérica, en torno a lo que Cuba decidía en materia penal y judicial contra los nombrados presos políticos por ellos mismos.                      

En Cuba la actividad judicial no consiste en el mero hecho de la interpretación fría y la aplicación monótona de la norma jurídica, por así decirlo de alguna forma.  

A diferencia de otras partes del mundo en cuanto a este proceder, la judicatura cubana va más allá de la ley con un espíritu de prudencia, inteligencia y sentido común, y se analiza al dedillo lo que hay detrás en cada acontecimiento, al prevalecer un enfoque aleccionador en los sancionados o de reinserción independientemente de la gravedad de los hechos.   

Por consiguiente, las justas condenas a los alborotadores del 11 de julio constituyen prueba fehaciente de que Cuba se ratifica como paradigma de la protección plena de los derechos humanos, y que avanzará cada día en la perfección de su modelo de impartición de justicia, acorde a las exigencias legislativas de la contemporaneidad, porque la mayor de Las Antillas es también una revolución jurídica. (Foto: Archivo)


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