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Profundas transformaciones legales caracterizaron al 2022 en Cuba


La Habana, 1ro ene.- Cuando se hable en un futuro de 2022 la aprobación del Código de las Familias marcará sin dudas un hito para Cuba y el mundo.

Tras un largo proceso de debate especializado y consulta popular, en los cuales se produjeron modificaciones sustanciales del proyecto final presentado, los cubanos demostraron en las urnas el deseo de incorporar a su realidad social actual un texto que pondera por sobre todas las cosas el amor y los afectos.

En ese sentido, el Código reconoce las diversas maneras de conformación familiar existentes ya en el país, una propuesta sólida que da respuesta a problemáticas sostenidas durante años.

Las regulaciones implementadas son evidencia también de la voluntad política del Estado cubano de adecuar su ordenamiento interno en pos del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales suscritos por la mayor de las Antillas y lo dispuesto en la Constitución de la República, que inciden directamente en la materia.

Autoridades del Ministerio de Justicia de Cuba insisten en las acciones de capacitación a los juristas y la población en general, hacia la cual existen varios canales de comunicación y retroalimentación, para asegurar la correcta implementación del cuerpo legal por parte de las instituciones y la sociedad.

El Código introduce aspectos novedosos como la sustitución del concepto de la Patria Potestad por el de Autonomía Progresiva, el matrimonio igualitario y la unión afectiva de hecho, la protección de los adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, el reconocimiento de la responsabilidad de los familiares en la guarda y crianza de los niños y niñas y la prohibición del casamiento de menores de edad con la autorización de los padres entre otras.

Otra normativa que suscita especial interés es la Ley de Protección de datos personales. La misma se plantea empoderar a la ciudadanía con derechos y garantías sobre su información privada en un contexto de mayor presencia de los cubanos en las redes digitales y el avance de las tecnologías infocomunicacionales.  Asimismo representa la primera en la nación caribeña en regular esos asuntos.

Sobre ella, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), afirmó que se inscribe en el conjunto de normas jurídicas aprobadas en la búsqueda de hacer efectivos los derechos expuestos en la Constitución de la República.

Precisamente el artículo 97 de la Carta Magna resulta el eje central del proyecto al reconocer el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación, señaló.

Al decir de Toledo Santander su contenido refuerza las garantías jurídicas a la intimidad de las personas y al acceso a sus datos, lo que resulta trascendente en la necesaria tutela a la vida privada de los ciudadanos.

La disposición legal contempla varias capas de protección que dotan al individuo de la capacidad de decidir cómo se manejan la información que le compete y para casos de violación de estas, en dependencia de la gravedad, incorpora una nueva figura delictiva punible referida a los actos contra la intimidad, imagen, voz, datos o identidad de otras personas, contemplada en el título XV del Código Penal dedicado a los delitos contra el honor.

Precisamente sobre el nuevo Código Penal, también aprobado en 2022, comentó a la Agencia Cubana de Noticias Yanelis Ponce Téllez, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular (TSP), que las nuevas alternativas ofrecidas antes de la reclusión penitenciaria demuestran el carácter humanista de la norma y la prioridad de prevenir los crímenes por encima de castigarlos.

Refirió la especialista que en ese empeño se incrementaron un grupo de sanciones principales y accesorias como la reclusión domiciliaria, la prohibición de frecuentar determinados lugares asociados a víctimas o personas vulnerables que serán protegidas, el trabajo comunitario, y la posibilidad de alternar la privativa de la libertad con otras opciones menos severas.

De acuerdo con esos criterios, explicó que esas medidas de privación de libertad se aplicaran solo a los casos de mayor complejidad, gravedad y lesividad a la sociedad donde se contemplan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal asociadas a temas discriminatorios y violencia de género.

En las sanciones menores de cinco años se procura el acceso a esas oportunidades, y en aquellas que no sobrepasan el año mayormente se hará uso de otros tipos de penas alternativas tipificadas por la Ley.

Se complementa esto a la reforma procesal iniciada en 2021 y que se profundiza con la Ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales. Al referirse a su contenido, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, aclaró que esta regula la competencia de los tribunales en ese sentido y las particularidades de esa instancia que, por mandato constitucional, debe ser preferente, expedito y concentrado.

De esta manera, destacó que podrán ser motivo de reclamación todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa en otros tipos de procesos judiciales, y que hayan sido o estén siendo vulnerados a partir de la entrada en vigor de la Carta Magna.

Cuando la trascendencia de la vulneración de los derechos constitucionales alegada requiera de una actuación urgente del tribunal, la reclamación se tramitará por este proceso y en todos los casos el organismo decidirá si procede por esta vía o si, por el contrario, debe presentarse por otra de las previstas, acotó.

Remigio Ferro precisó que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas, al ser una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no podrá ser objeto de estos procederes.

Señaló que no podrán combatirse, por esta vía, las decisiones judiciales adoptadas en otras materias, pues para ello existen recursos y procedimientos de revisión correspondientes, en los que pueden ser reclamadas las violaciones de las garantías constitucionales incurridas. Además, no se pueden reclamar tampoco los asuntos relacionados a la seguridad y defensa nacional, ni contra medidas dispuestas en situaciones excepcionales, añadió.

Entre los puntos tratados por las transformaciones jurídicas están la producción de los alimentos y la calidad de los mismos, como parte de la estrategia de dinamización de la economía y el autoconsumo. En esa dirección el parlamento cubano aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Al respecto, Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, comentó sobre su importancia al contribuir al desarrollo del sector, a la sustitución de importaciones, a la educación nutricional, en la tarea no sólo de producir alimentos sino a que estos sean sanos, a promover la participación popular desde la base y apoyar esquemas productivos cada vez más integrales y sostenibles.

Subrayó cuán oportuna resulta esta ley en momentos que a nivel internacional crece el precio de los alimentos y de los insumos, a consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 y, en el caso de Cuba, del bloqueo estadounidense recrudecido.

Unidos a esos factores, evaluó que subyacen fenómenos como la emigración del campo a la ciudad, el envejecimiento poblacional y el cambio climático, por lo cual el documento está dotado de un carácter intersectorial, interdisciplinario y multidisciplinario, lo cual coadyuva a organizar a los actores productivos y sus relaciones con las estructuras distribuidoras.

El ministro resaltó la apuesta de la normativa por la autonomía de los municipios por ser allí, en la base, donde se complementan y descentralizan sus artículos o contenidos.

Otras legislaciones refrendadas durante el período por su trascendencia e impacto en la sociedad fueron las leyes sobre recursos naturales y medio ambiente y la del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, las cuales refuerzan lo estipulado por el Estado cubano en temáticas medioambientales y urbanísticas respectivamente.

Por otra parte, los diputados del máximo órgano legislativo de la nación antillana decidieron en diciembre posponer para la próxima sesión ordinaria el debate sobre el proyecto de ley de la Comunicación Social con el propósito de recoger una mayor cantidad de opiniones de especialistas y la población por lo cual pasará a formar parte del cronograma para este año.

El 2023 será entonces crucial para continuar transitando en la dirección de consolidar desde las instituciones y la legalidad el Estado Socialista de Derecho y Justicia Social en Cuba con mayor equidad y derechos para todos sus ciudadanos. (Texto: ACN)(Foto: Cubadebate)


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