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La Habana, 15 ene.- Vladimir Regueiro, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), dijo en el programa informativo Mesa Redonda de este jueves, que el proceso de ordenamiento monetario implica mayor responsabilidad de todas las instituciones y autoridades que intervienen en la formación de precios.

Refirió el directivo que el decreto No.24 faculta al Consejo de Ministros para fijar los precios en servicios como la tarifa eléctrica, combustibles, productos de la canasta familiar normada y otros que son acopiados como la caña de azúcar y el tabaco.

En tanto, los restantes le corresponden al MFP u otros organismos en los que este delegue hasta llegar a las unidades económicas de base.

Al decir del vicetitular, la normativa responde al principio de descentralización controlada, a la vez que dota de mayor autonomía y poder de decisión al sector empresarial y a los gobiernos territoriales.

Desde antes del anuncio de las medidas, se ha efectuado un trabajo constante para definir precios en la gastronomía popular y en la transportación interurbana, teniendo en cuenta, incluso, el nivel de ingresos de una localidad.

Ciertamente ha habido incongruencias en la metodología de la fijación de los precios, lo que ha sido analizado por los gobiernos municipales y provinciales y el Ministerio, precisó.

Sobre el control de estos, Lourdes Rodríguez, viceministra del MFP, informó que se indicaron inspecciones al comercio minorista y a todas las actividades de servicio del sector estatal y no estatal.

Hasta la fecha se realizaron 52 mil en todo el territorio nacional, con un índice de violaciones de alrededor del 47 %, por lo que el Ministerio indicó que se abarque toda la red de comercialización, acotó.

Los productos agropecuarios y los servicios gastronómicos presentan la mayoría de infracciones en sus precios, mientras el 65 % de las violaciones se han detectado en las formas de gestión no estatal y el resto en las entidades estatales.

Durante su comparecencia en la Mesa Redonda, Rodríguez declaró que las medidas de enfrentamiento se han adoptado en correspondencia a la gravedad de lo detectado e insistió en ser más intransigentes con el proceso, por el cual se han retirado más de 600 licencias y efectuado cerca de 750 decomisos a formas de gestión no estatal.

Asimismo, dijo que existe un monitoreo constante a esta problemática por un grupo de inspección superior, el cual ha visitado ya seis provincias, donde comprobaron que en no todos los territorios ha existido la misma profundidad para abordar el tema. (ACN) (Foto: Archivo)



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