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La Habana, 25 oct.- Nuevos criterios o propuestas de los diputados cubanos enriquecieron hoy los proyectos de leyes de los Tribunales de Justicia y del Proceso Penal, que junto a los del Proceso Administrativo y el Código de Procesos serán sometidos a su aprobación durante el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura.

La primera jornada de análisis de esos textos, en la mañana de este lunes, transcurrió en presencia de Miguel Díaz-Canel  Bermúdez, presidente de la República,  y de Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, desde el Palacio de Convenciones de La Habana, que acogió a los miembros del Consejo de Estado, a los legisladores de la capital y a los residentes en esta ciudad, mientras los restantes participaron de manera virtual desde sus respectivas provincias.

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En las palabras introductorias del debate, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP),  explicó cuán amplia y profunda fue la consulta realizada a los organismos del sector jurídico, a universidades, a los diputados y a la población, de los que en total se recibieron tres mil 295 criterios en torno a los cuatro proyectos de leyes.

De esa cifra, dos mil 846 consistieron en propuestas y de estas se aceptaron mil 870, el 66%; en tanto, se consideraron improcedentes 976 criterios.

Particularmente del proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia se recepcionaron, de los diputados, 26 criterios, 25 como propuestas, 15 de ellas aceptadas, y figuran entre las principales modificaciones reforzar el principio de actuación colegiada por los Tribunales, y se define con mayor claridad los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional.

Al exponer este punto, varias intervenciones se suscitaron en relación con los llamados jueces legos, de los que según Remigio Ferro hay en el país unos 13 mil 500; sin embargo, menos de la mitad tienen hoy el necesario protagonismo.

El presidente del TSP abundó que los cambios o transformaciones que en los últimos años han tenido lugar en Cuba aconsejan dar un uso más racional y objetivo a esa figura representante del pueblo en la impartición de justicia, lo cual le impregna un carácter más popular y democrático al sistema judicial cubano, tal como lo concibió Fidel desde 1976, recordó el orador.

Otras modificaciones significativas consisten en que se definen con mayor precisión las funciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y de los presidentes de los tribunales,  y está la propuesta del primero de enero de 2022  poner en vigor la ley, además de facultar a ese órgano a emitir las disposiciones necesarias a fin de implementarla.

Ante la preocupación del diputado Raúl Alejandro Palmero, electo por el municipio habanero de Marianao, de cómo lograr un mayor acceso a la justicia por la población, de que fluya de manera correcta, Remigio Ferro aclaró el imperativo de que los órganos judiciales en los territorios se atengan a las necesidades de la ciudadanía y no se ajusten a la división político-administrativa, pues hoy las condiciones económicas, políticas y sociales son bien distintas a las de años atrás.

También desde provincias como Santiago de Cuba, Artemisa y Guantánamo llegaron varias intervenciones, entre dudas, puntualizaciones o precisiones de términos técnicos o propuestas, todas en busca de una legislación muy moderna y muy cubana, que respeta y defiende las características de nuestro sistema judicial, como señaló el diputado Oscar Silvera Martínez,  ministro de Justicia, en alusión al debate que también suscitó el proyecto de ley del Proceso Penal.

Bajo la conducción también de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, el plenario conoció que durante su estudio los diputados hicieron 62 propuestas, el 90% de ellas aceptadas, en tanto figuran entre las recomendaciones principales la ampliación por los imputados mayores de 18 años el derecho de designar abogados desde que se instruya de cargo, si está en libertad.

Asimismo se incorpora la definición del defensor (abogado) como sujeto procesal y sus requisitos, se le da una mayor participación a la víctima en el proceso penal pues hasta ahora es limitada, según afirmó Rubén Remigio, además de mencionar entre las novedades la incorporación, dentro de las medidas cautelares, la obligación de garantizar la alimentación a los menores de edad o a personas en situación de discapacidad.

Asuntos relacionados con el tratamiento a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, el derecho a la defensa y el debido proceso, el papel de la Fiscalía  en el control de la legalidad, el control judicial, entre otros, suscitaron intervenciones no solo de diputados como Raúl Palmero, por el municipio de Marianao, y Jorge González Pérez, sino de magistrados y académicos del Derecho en aras de esclarecer conceptos e ideas.

Tal cual señaló el diputado Esteban Lazo Hernández casi 40 intervenciones hubo en esta primera jornada de trabajo, amén del estudio que desde mucho antes tuvo lugar alrededor de los proyectos legislativos que serán sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional en su Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura. (Texto y fotos: www.parlamentocubano.gob.cu)



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