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Brasilia, 27 oct.- La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que examinó la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia de COVID-19, aprobó este martes su informe final que contiene nueve acusaciones de crímenes contra el presidente brasileño.

Por mayoría de siete votos a cuatro, la sesión certificó el documento redactado por el senador Renan Calheiros en su condición de relator tras un balance de 69 reuniones en seis meses y 400 horas de testimonios, intercambios de opiniones e imputaciones.

La nueva versión del informe, mostrada este martes, trajo una serie de “mejoras y profundizaciones”, según palabras de Calheiros respecto a la versión inicial, presentada la semana pasada.

Entre los cambios aparece la inclusión de 12 nombres más en la lista de acusaciones propuestas, lo cual eleva el total a 78 personas físicas y dos jurídicas.

“Como compromiso que asumimos con ocasión de la lectura de nuestro informe, se aceptaron todas las adiciones sugeridas, compatibles con la investigación, con las pruebas, con los indicios”, señaló el ponente.

Además de aumentar la lista de denunciados, otras inclusiones en la versión del informe fueron la mención de la transmisión de Bolsonaro, el 21 de octubre, retirada del aire después por la plataforma de videos YouTube y la red social Facebook.

En el audiovisual, el gobernante hizo una asociación sin base científica entre las vacunas anti COVID-19 y el Sida.

También en el escrito figura la profundización del capítulo sobre la crisis del oxígeno en Amazonas, ampliado de 35 a 58 páginas y una nueva sección sobre la política exterior del Gobierno federal respecto a la pandemia, geopolítica y negacionismo.

Para Calheiros, la administración de Bolsonaro fue omisa y optó por actuar de forma poco técnica y negligente, descuidada, para enfrentar la pandemia de Covid-19 que cobró hasta la fecha 606 mil 246 vidas perdidas y 21 millones 748 mil 984 infectados.

De acuerdo con el contenido, el Ejecutivo mantuvo un gabinete paralelo para apoyar medidas en el área de la salud en contra de la evidencia científica.

Asimismo, trabajó con la intención de inmunizar a la población a través de la llamada inmunidad de rebaño, priorizó el denominado tratamiento temprano sin apoyo científico de la eficacia, actuó en contra de la adopción de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

También el Gobierno “actuó deliberadamente para retrasar la compra de vacunas, en evidente desprecio por la vida de los brasileños”, señala el escrito.

Después de la aprobación por mayoría simple, el informe de la CPI será remitido a la justicia ordinaria, a la Corte Suprema y a organismos multilaterales, como el Tribunal Penal Internacional de La Haya. (PL)



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