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La Habana, 27 oct.- Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, explicó hoy a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular que entre 2020 y 2021 el país ha perdido el 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo cual tiene un impacto en las problemáticas actuales de la economía nacional.

Independientemente de la gestión del gobierno esto tiene una repercusión en la vida diaria del cubano, señaló al presentar el informe sobre la marcha de la economía hasta el cierre del mes de septiembre, como parte del orden del día del VII período ordinario de sesiones del órgano legislativo, en su IX Legislatura.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, señaló que en 2020, aseveró el ministro de Economía y Planificación, el país dejó de ingresar dos mil 104 millones de dólares por impacto del recrudecimiento del bloqueo y la COVID-19 y ello impacta en el déficit de ofertas.

En un periodo de dos años el país ha perdido más de tres mil millones de dólares, lo que está relacionado con escasez de ofertas.

Al referirse al comportamiento del comercio exterior señaló que hasta esa fecha las exportaciones de bienes en el país se encontraban en el orden de los mil 344 millones de dólares, lo cual representa el 68, 7 por ciento del plan anual.

En el caso de las importaciones estaban en el entorno de los cinco mil 800 millones de dólares, para un 65 por ciento del plan del año.

Gil Fernández detalló que alrededor de mil 348 millones de dólares se destinaron a la compra de alimentos en el exterior, y aunque fue una cifra significativa estuvo por debajo de la demanda.

El viceprimer ministro también se refirió al encarecimiento de los combustibles y los fletes para el transporte, por lo que la ejecución financiera no significa una mayor ejecución física.

La exportación de servicios se encontraba al 67 por ciento, y en cuanto a las formas de gestión no estatal, señaló que se realizaron cinco mil 312 contratos de exportación, con cerca de 15 millones de dólares, mientras que las importaciones estuvieron en el orden de los 80 millones de dólares.

Las perspectivas es que crezcan con la ampliación de las formas de gestión no estatal, comentó Gil Fernández, a la vez que anunció que ya se han aprobado tres micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que se dedican a las operaciones del comercio exterior orientadas al mercado no estatal.

Los ingresos por la exportación de servicios al cierre del mes de septiembre se encuentran al 60 por ciento, rondando los dos mil millones de dólares, y al fin de año debe quedarse en el entorno de los 700 millones de dólares, por debajo del plan por el impacto de la caída de la actividad turística y las afectaciones en las exportaciones de tabaco, señaló.

Se han disminuido las cuentas por cobrar en el exterior, con un comportamiento favorable de la recuperación de los cobros vencidos, expresó.

Señaló que es muy compleja la producción nacional de alimentos por déficit de insumos, combustible y problemas organizativos, y que para ello se han aprobado 63 medidas dirigidas a perfeccionar la actividad; no obstante, se registran incumplimientos en el arroz, el maíz en grano, los frijoles y la leche entregada a la industria.

Se pronostica que pueda cumplirse la entrega de carne bovina, no así la de cerdo, debido a un déficit de alimento animal, y la producción de huevo, aunque se ha garantizado la entrega de los correspondientes a la canasta básica.

A decir del también diputado, existen miles de contenedores de mercancías ya pagadas que no se han podido transportar al país por el impacto del bloqueo y el desorden logístico que persiste en el comercio internacional por el impacto de la COVID-19, por lo que se trabaja sin inventario, contra arribo del barco, y eso explica baches en la sostenibilidad de alimentación.

Respecto a los portadores energéticos, de acuerdo con el plan, se sobrecumple, y se espera llegar a los tres millones de toneladas métricas al concluir el año, con 90 millones por encima, puntualizó.

En la generación de energía se pronostica en el año un descenso por afectaciones en las operaciones del sistema electroenergético nacional que tiene atrasados los ciclos de mantenimiento y las inversiones, sentenció Gil Fernández.

Explicó que hay varias fuentes de generación en la nación, pero la térmica tiene el mayor porcentaje (55 por ciento), mientras que los motores diesel han generado el 10 por ciento, lo cual significa que el costo de generación se eleva considerablemente pues dependen de la importación de combustibles y al mismo tiempo afecta otras actividades como la zafra, la producción de alimentos y el transporte.

Se ha ido incrementando la capacidad de generación del país fundamentalmente con inversiones en la generación mediante portadores móviles, añadió.

Según el viceprimer ministro existe un incumplimiento del 20 por ciento en la producción de cemento y que está muy afectada- en el orden del 42 por ciento- la de acero, muy consumidora de energía, y se estima que se comporte al 40 por ciento del plan anual.

En cuanto al comercio, precisó que la circulación mercantil de bienes y servicios total, al cierre de septiembre, significaba un 67 por ciento del plan anual, lo cual representa un déficit de ofertas de 16 mil 500 millones de pesos.

Al analizar el comportamiento de la estructura de este indicador señaló que en divisa no se ha vendido más de lo previsto en el plan mientras que las ventas en moneda nacional se comportan por debajo del 65 por ciento, lo cual repercute en los procesos inflacionarios.

Puntualizó que de la recaudación en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) más de 300 millones de dólares se han reinvertido en las ofertas en pesos cubanos, lo cual significa que si no se hubieran introducido las ofertas en divisas extranjeras el escenario fuera más complejo.

Respecto a los revendedores y acaparadores señaló que si bien se explica por el déficit de ofertas hay que hacer un llamado también a la responsabilidad social, la ética y la participación activa del pueblo.

Gil Fernández detalló que se han aplicado 35 medidas para incrementar las ofertas en el país, pero evidentemente existe déficit de divisas y combustibles y no se puede dar un golpe de ofertas que garanticen un equilibrio con la demanda.

Al mismo tiempo, dijo, se ha evitado enfrentar la tendencia con topes de precios, porque ello muchas veces incrementa la escasez de ofertas y aumentan los costos, por lo que el camino es más producción y eficiencia productiva, y en ese sentido se da apertura a otros actores económicos y más autonomía a las empresas.

Se refirió también al déficit de medicamentos, signado por falta de financiamiento y el incremento de gastos asociados a la COVID-19, a lo cual se añaden manifestaciones de ilegalidad y reventa.

En cuanto al sistema empresarial estatal, sujeto económico principal, expresó que sus ventas netas están al 76 por ciento respecto al plan del año, lo cual significa que macroeconómicamente está positivo, pero un análisis interior muestra que el 30 por ciento de las empresas presentan pérdida, algunas por ineficiencias y otras debido al impacto previsto del ordenamiento, a su vez hay limitaciones materiales y persisten problemas subjetivos de gestión, organizacionales y falta de acometividad.

En relación con el empleo, en medio de una economía con restricciones, se han incorporado al trabajo más de 194 mil personas, el 52 por ciento en el sector estatal, y dentro de este un 69 por ciento en el sistema empresarial, lo cual es una buena señal siempre y cuando no vaya en contra de la productividad y no se inflen las plantillas de trabajadores indirectos.

Al cierre de septiembre, advirtió, cerca de unos 116 mil trabajadores se encontraban interruptos, y la productividad del trabajo mostraba un crecimiento del 21 por ciento con respecto al plan, aunque 752 empresas incumplían el plan de la productividad (40 por ciento), con diversas causas objetivas y subjetivas.

En ese sentido explicó que 96 empresas ya aplican una nueva organización salarial, más autónoma, pero ello debe significar mayor productividad, eficiencia e incremento de la oferta.

Ahondó en que el déficit fiscal actual explica también los procesos inflacionarios en el país, de ahí la necesidad de ajustarlo para preservar el equilibrio macroeconómico.

Se han aplicado medidas compensatorias de la inflación para la atención a los grupos poblacionales más vulnerables, con un costo que sobrepasa los 400 millones de pesos del Presupuesto del Estado.

Respecto a los actores económicos se han aprobado 227 mipymes, de ellas siete estatales, además de siete cooperativas no agropecuarias.

Ahora hay que insistir en el encadenamiento productivo entre todos estos actores económicos para evitar fragmentación y fractura entre ellos, aseveró Gil Fernández.

En las conclusiones de su intervención, el viceprimer ministro expresó que el enemigo aprovecha las complejidades del contexto y arrecia su política criminal para asfixiar a la nación y culpar al gobierno de todo.

Aparecen propuestas salvadoras de lo que habría que hacer para resolver estos problemas por arte de magia y se obvia el bloqueo; inducen la privatización masiva de los medios del país para alcanzar la prosperidad pero el retroceso al capitalismo no es la solución, aseveró.

Trabajamos con los pies en la tierra, siempre ajustados a las esencias de nuestro modelo socialista, dijo Gil Fernández, a la vez que subrayó que muchos problemas dependen de que se trabaje mejor pero también hacen falta recursos y el bloqueo se empeña en impedir su obtención.

Gracias al enorme esfuerzo de científicos y médicos hemos iniciado el proceso de recuperación gradual de la economía: se abren el comercio, el turismo, se perfeccionan y diversifican los actores económicos, se incrementa el empleo y se recuperan producciones que en este periodo se han perdido.

Nada será fácil, pero con el empuje de los cubanos dignos más temprano que tarde saldremos adelante, concluyó.

Reducir déficit fiscal, principal reto en la ejecución del presupuesto

El principal reto en la ejecución del presupuesto en Cuba es la reducción del déficit fiscal, para contribuir a los necesarios equilibrios macroeconómicos con una inflación controlada, sin aplicar terapias de choque, trascendió hoy en esta capital en un análisis del Parlamento cubano.

Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, dijo a los diputados reunidos en el VII período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se liquidó el ejercicio fiscal de 2020 con un déficit ascendente a 18 mil 976 millones de pesos, inferior en mil 758 millones de pesos al aprobado como resultado del ajuste, provocado por el incumplimiento de un grupo de inversiones a financiar presupuestariamente.

Un informe circulado amplía que el endeudamiento público interno acumulado al cierre del 2020 alcanzó unos 65 mil 740 millones de pesos, un crecimiento respecto al año anterior en un 45 por ciento, como resultado de la colocación de Bonos Soberanos de la República emitidos en ese periodo, y esa cantidad representa el 63 por ciento del producto interno bruto (PIB) a precios corrientes estimados.

El crecimiento de la Deuda Pública se debió a que el país tuvo que aplicar una política fiscal expansiva para respaldar los gastos necesarios en el enfrentamiento a la pandemia en cuanto a Salud Pública, pagos de garantías salariales, materias primas y materiales, así como del aplazamiento de aportes de actores de la economía afectando los ingresos.

Al explicar estos resultados Bolaño Weiss señaló que el 2020 se caracterizó por una reducción significativa de los ingresos provenientes de las exportaciones, incluyendo los servicios turísticos, contracciones de los niveles de actividad productivos y de servicios; así como la suspensión o disminución de actividades, incluyendo las que se ejercen por las formas de gestión no estatal, motivado por las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo.

Como expresión de la prioridad otorgada por la dirección del Estado y el Gobierno a las acciones de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, que incluye la atención y cuidado a la población, se destinaron mil 676 millones de pesos a este objetivo, que no fueron previstos inicialmente, sentenció.

Se respaldó financieramente el funcionamiento en todo el país de 257 centros de aislamiento y 56 hospitales para pacientes del nuevo coronavirus, escenario en el que laboraron más de 446 mil trabajadores, entre personal de salud, paramédico y personal auxiliar, en función de la recuperación de los más de 12 mil 056 pacientes diagnosticados con la enfermedad, al cierre del 2020.

Las garantías salariales generadas por el efecto de esta pandemia, requirieron 567 millones de pesos, para la protección a los interruptos y las madres de hijos menores, así como el apoyo financiero a los artistas, lo que demandó 116 millones de pesos, apoyos que por decisión del Estado y el Gobierno se ha mantenido durante el presente año con asignaciones hasta esta fecha por un poco más de 759 millones de pesos, que incluye al sector artístico no subvencionado en alrededor de 480 millones de pesos.

Afirmó que con el objetivo de atenuar los efectos de la pandemia, se aprobó para los actores económicos estatales y no estatales un grupo de facilidades de pago de las obligaciones tributarias, como aplazamientos y suspensiones de pago; así como incentivos para el empleo de los canales digitales, para el cumplimiento tributario por las personas naturales.

Para el sostenimiento de los servicios sociales, se destinaron gastos corrientes por 51 mil 787 millones de pesos; en la Salud Pública se demandaron 12 mil 631 millones de pesos; para la Asistencia Social se destinaron 429 millones de pesos, que se otorgaron en prestaciones monetarias, en especies y pago de servicios a 191 mil 472 personas beneficiadas, incluidas las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En el año 2021 la atención y ayuda a quienes lo necesitan se intensificó y amplió en su alcance, dijo Bolaños Weiss.

La actividad educacional del país, incluyendo su nivel superior, demandó 12 mil 372 millones de pesos, que permitieron respaldar las adecuaciones en el sistema docente educativo, incluido el programa de teleclases.

En el sector presupuestado el gasto asociado al salario representó el 42 por ciento, en las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación se financiaron 153 proyectos y se destinaron 631 millones de pesos, respaldados por el presupuesto estatal el 59 por ciento, entre los que se destacan los relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático y el monitoreo de la calidad del agua de las bahías priorizadas del país.

Además, se continuó respaldando la entrega de subsidios a personas con bajos ingresos y necesidades constructivas en sus viviendas o para la edificación de células básicas, ejecutándose para este fin 550 millones de pesos, resultando beneficiadas nueve mil 855 personas.

Como parte de la atención a la dinámica demográfica se destinaron 46 millones de pesos para soluciones habitacionales a 841 madres con más de tres hijos menores de 17 años de edad, destacó la Ministra.

Asimismo, se destinaron al sector empresarial 18 mil 26 millones de pesos para garantizar la continuidad del proceso productivo y de servicios, que incluye los sectores agroalimentario, turismo, energético y del comercio, entre otros, así como el funcionamiento de organizaciones, asociaciones y unidades presupuestadas con tratamiento especial.

Bolaños Weiss informó que se cumplió el plan de recaudación de ingresos, pero permanecen reservas y evasiones; de ahí la importancia de continuar perfeccionando los procesos de gestión y control por las oficinas tributarias, limitadas en el año 2020 por las medidas sanitarias derivadas de la COVID-19 y la contracción de actividades.

A pesar de las restricciones en la economía, los ingresos tributarios mantuvieron la preponderancia en la recaudación, representando el 73 por ciento del total; los aportes del sector estatal representaron el 84 por ciento de los ingresos presupuestarios.

Los aportes de las formas de gestión no estatal representaron el 15 por ciento del total de los ingresos; los trabajadores por cuenta propia ingresaron tres mil 824 millones de pesos, un 14 por ciento inferior a lo planificado; y los aportes del sector agropecuario mostraron una afectación de 103 millones de pesos por la disminución de las producciones.

Los gobiernos locales destinaron 327 millones de pesos recaudados por la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, en lo fundamental, a acciones de reparación y mantenimiento constructivo en instalaciones sociales, rehabilitación de redes, y otras soluciones a planteamientos de la población, añadió.

A decir de la titular de Finanzas y Precios, en materia de control del Presupuesto, si bien se vienen dando pasos, los controles efectuados ratifican que hay que elevar el rigor que refuerce la mejora continua de la gestión de los ingresos, el uso correcto de los gastos presupuestarios en todos los niveles y la administración de los dineros, eliminado la indisciplina de comprometer pagos superiores a los recursos disponibles.

La Comisión de Asuntos Económicos, en su dictamen sobre el informe de liquidación del presupuesto del Estado del año 2020, valoró que dicho proceso se realizó en un momento excepcional, marcado por el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los principales sectores de la economía, así como el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En ese sentido, los integrantes de la Comisión consideraron que los ajustes en el Plan de la Economía se realizaron sin afectar los servicios sociales, y el gobierno cubano trazó una estrategia para un periodo largo de crisis con el objetivo de resistir y seguir avanzando.

Resaltaron que se ratificó la premisa fundamental de la dirección del país en la protección de la población, contrario a como sucede en muchos lugares del mundo.

En el análisis, la Comisión señaló que se mantienen deficiencias en el control fiscal y es preciso continuar trabajando para la obtención de ingresos y su mejor utilización.

Como recomendaciones indicaron proyectar la estrategia económica del país para que sea más segura y eficiente, y trabajar al respecto en el proyecto del presupuesto del 2022 que se presentará a la Asamblea en diciembre.

Manuel Marrero Cruz, diputado y primer ministro, comentó que aunque en diciembre de cada año se aprueba la ley del presupuesto muchas veces no se cumple por razones objetivas y subjetivas.

Comentó que existen alrededor de dos mil 201 unidades presupuestadas en el país, lo que representa un alto número y se realizó un análisis al respecto con el ánimo de buscar una solución en aras de apostar por una administración pública más ajustada a las necesidades y más eficiente.

Desde el presupuesto, añadió, se invierten miles de millones de pesos en la actividad empresarial, muchas veces por pérdidas, lo cual no puede continuar porque este financiamiento no es un saco sin fin con el que se cubren pérdidas debido a ilegalidades y desvío de recursos.

A decir del Primer Ministro el presupuesto de 2022 tiene que ser diferente y tener respuestas claras a problemas que afectan a la población.

No puede haber improvisaciones-precisó-, tenemos que tener identificados los barrios con mayores dificultades y los gobiernos tienen que saber administrar esos presupuestos. (ACN) (Fotos: Granma)



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