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Lunes, 15 de Febrero de 2010 - 05:00:00 | 1383 | |

Evo Morales usa facultades para darle un vuelco a la justicia boliviana

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Evo Morales.La Paz, 16 feb.-  Las facultades dadas al presidente Evo Morales para designar de manera interina a autoridades judiciales es apenas el inicio de los desafíos que enfrentará en 2010 la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.



A partir de mañana, una ley permitirá al dignatario nombrar a 13 magistrados para que ocupen igual número de plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura, hasta que el 5 de diciembre de este año se realicen elecciones para esos cargos.

La norma, llamada corta o transitoria, facilitará retomar poco más de 10 mil procesos detenidos por la ausencia de esas autoridades.

Esa medida, a juicio de la diputada Rebeca Delgado, jefa de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), es apenas el inicio de un vuelco estructural al poder judicial en la nación suramericana.

Delgado, quien fuera presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente, dijo que para ello el nuevo parlamento deberá concentrarse en la elaboración de Leyes del Órgano Judicial en todas sus instancias.

La diputada boliviana señaló que los gobiernos neoliberales de turno anunciaron el impulso a un proceso de modernización del sistema judicial que ha demorado más de 15 años y que demandó el uso de aproximadamente 37 millones de dólares, pero sin resultado alguno.

Mucho menos erradicaron la corrupción y la retardación de justicia, lo que le restó credibilidad al sector, aclaró.

Entrevistada por la Agencia Boliviana de Información (ABI), Delgado precisó que el propio Consejo de la Judicatura, llamado a detectar y combatir irregularidades en el seno del sistema judicial, nunca funcionó.

También subrayó que la falta de normas para el poder judicial trajo como consecuencia las diversas acefalías, situación que la oposición respaldó desde el anterior Congreso bicameral.

En ese sentido, subrayó la importancia de la llamada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público.

Otro de los retos, dijo, es establecer una compatibilización de las justicias ordinaria y comunitaria, de ahí la necesidad de que el Tribunal Constitucional lo integren profesionales de primer nivel que canalicen las causas.

Estudios oficiales señalan que la justicia boliviana está abatida por males como la corrupción, la impunidad, la retardación y el uso indiscriminado de recursos, así como la dilación de procesos.

De acuerdo con esas investigaciones, al menos 429 mil trámites se realizan bajo sospechas de pagos irregulares en busca de dictámenes favorables.

Con relación a la impunidad, en 2005 se registraron mil 634 denuncias contra funcionarios del  Órgano Judicial, entre ellas 603 denuncias de casos que involucraban a jueces.

ABI precisó que la Comisión Andina de Juristas reveló que entre 1998 y 2001, el Consejo de la Judicatura recibió más de cuatro mil denuncias contra funcionarios del Poder Judicial, de las que solamente 139 concluyeron con sanciones.

Por su parte, la cartera de Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló que el sistema carcelario alberga a 75 presos de cada 100 que no tienen sentencia, es decir que de los aproximadamente siete mil 200 presos, solamente mil 700 están recluidos en cumplimiento de un dictamen judicial.

También el informe señala que otro de los males endémicos de la justicia boliviana es la liberación de personas acusadas de haber cometido millonarios desfalcos de dineros estatales mediante acciones de obstrucción y dilación que les dieron tiempo y espacio para huir del país.

Entre esos casos se encuentra el del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y varios de sus colaboradores, ahora prófugos en Estados Unidos, Perú y Chile, acusados aquí de genocidio y asesinato por reprimir una manifestación en octubre de 2003, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos. (PL).

 

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