La Habana, 13 oct.- Cuba aprobó un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la industria del petróleo y el gas que amplía las posibilidades de participación de inversionistas extranjeros y actores económicos privados nacionales en un sector estratégico para la economía.
El Decreto-Ley 135, de Petróleo y Gas, actualiza las reglas para la exploración, explotación y desarrollo de los hidrocarburos, al tiempo que abre nuevas oportunidades de participación a lo largo de la cadena de valor de esta industria.
La disposición introduce modalidades de contratación que amplían las opciones disponibles para gestionar los recursos petroleros, flexibiliza los procedimientos de calificación de las compañías interesadas y contempla la participación de personas naturales y jurídicas nacionales, de acuerdo con las regulaciones aplicables a cada actor económico.
Durante una conferencia de prensa, Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), explicó que la norma responde a la necesidad de actualizar una legislación que había quedado desfasada frente a las condiciones actuales de la economía y los requerimientos de desarrollo del sector.
El Decreto-Ley está acompañado por el Decreto 184, que contiene su reglamento, así como por una resolución complementaria del Ministerio de Finanzas y Precios que regula aspectos tributarios específicos de la industria petrolera.
Según el directivo, el propósito es crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural, elevar las reservas que permitan sostener ese crecimiento y cubrir, en el mayor grado posible, la demanda nacional de combustibles y sus derivados.
La actualización se produce en un contexto en el que el país necesita desarrollar sus capacidades energéticas y captar recursos financieros, tecnológicos y materiales que permitan recuperar y ampliar una industria que requiere inversiones en todos sus eslabones.
La nueva norma sustituye un marco legal que tenía como antecedente principal la Ley de Minerales Combustibles de 1938, acompañada por la legislación aprobada en 1959. De acuerdo con Abigantus León, esas disposiciones estaban desactualizadas y prácticamente habían dejado de aplicarse en las condiciones actuales.
La elaboración del Decreto-Ley tuvo en cuenta la Constitución de la República, los lineamientos de la política económica y social, la conceptualización del modelo económico cubano y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
También se vincula con el objetivo de avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional e impulsar la soberanía energética, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales que desarrolla el país.
Como antecedente inmediato figura una política para el desarrollo del petróleo aprobada el año anterior, dirigida a contribuir a la solución de los problemas actuales e incentivar el crecimiento de la industria.
Para elaborar la disposición se estudiaron regulaciones de otros 18 países, además de considerar la experiencia acumulada por Cuba en las actividades petroleras.
El proceso de consulta involucró a 31 instituciones. Según los datos presentados en la conferencia, se recibieron 389 observaciones a las versiones de los documentos; de ellas, 347 fueron incorporadas y 42 recibieron aclaraciones aceptadas por las instituciones que las formularon.
El resultado es una normativa que, en palabras del directivo, busca ampliar la participación en las actividades petroleras mediante nuevos actores y formas de intervención, sin separar esos cambios del resto del ordenamiento jurídico nacional. (Texto y Foto: Cubadebate)
