Por Jorge Wejebe Cobo/ Servicio Especial de la ACN
El 24 de octubre de 1960, Fidel Castro firmó en su condición de Primer Ministro la Ley 851 de Defensa de la Economía Nacional, Resolución No. 3, para la nacionalización de 166 empresas y firmas estadounidenses, como respuesta a las primeras acciones del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, que incluía la reducción de la cuota azucarera.
(…) “le iremos quitando central por central! ¡y le iremos quitando, centavo a centavo, hasta la última inversión de norteamericanos en Cuba! ”, exclamó el líder revolucionario.
De esa forma quedaron expropiadas las tiendas Ten Cents, Sears, las empresas el Molino Harinero Burrus, Fundición Mcfarlane, la Firestone, la Goodrich, CanadaDry, Coca Cola, Minimax, el Ekloh, Abbot, Squibb, el Ferrocarril de Hershey y otras.
Desde entonces el gobierno estadounidense presenta aquella primera acción de La Habana como una decisión que rompió unilateralmente y sin motivo las relaciones entre ambos países, y la Casa Blanca no reconoce como legítimas esas incautaciones, ni las siguientes, por lo cual se niegan a negociar el tema y las indemnizaciones propuestas por la Isla, de acuerdo con el derecho internacional.
Mientras desplegaban esas mentiras sus planes secretos sobrepasaban con creces las primeras acciones económicas. Vale recordar que mucho antes el presidente Dwight Eisenhower aprobó, el 16 de marzo de 1960, el Programa de Acción Encubierta Contra el Régimen de Castro que incluía operaciones de inteligencia, bloqueo económico, planes terroristas, de subversión, de propaganda y finalmente agresión directa.
Fueron las mayores y más completas operaciones encubiertas que organizó Estados Unidos contra otro país en tiempo de paz, y reflejaban la desesperación y la frustración de la clase política del vecino del Norte que no pudo resignarse a perder su control sobre la ínsula, destinada a convertirse en un garito regenteado por la mafia estadounidense, con la complicidad de la dictadura de Fulgencio Batista.
Pero no se pudieron calificar de formales a los promotores de ese inicial programa contra Cuba, ya que antes de su aprobación en la práctica realizaban sabotajes en las ciudades, quema de cañaverales, alzamientos y atentados terroristas como el ocurrido el 4 de marzo con la voladura del vapor La Coubre que traía armas y municiones adquiridas en Bélgica, lo cual fue interpretado por la dirección cubana como un preludio de las agresiones.
Puede afirmarse que la definición más exacta de esa criminal política contra la antilla Mayor, y que se mantiene inalterable hasta el presente, ya se había enunciado en el memorando desclasificado en la década de 1990 del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960 en el que explicaba:
“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”
Han pasado 63 años desde la emisión de la Ley 851 de Defensa de la Economía Nacional, con la que la mayor de las Antillas enfrentó las primeras acciones agresivas del poderoso vecino y desde entonces la estrategia del imperio nada ha cambiado y sigue apostando a quebrar con el bloqueo la unidad de nuestra sociedad y fomentar procesos subversivos, ahora apoyados en las nuevas tecnologías de la comunicación y redes sociales, en un esfuerzo condenado al fracaso frente a la decisión del pueblo cubano que ha sabido defender y mantener las conquistas de la Revolución. (Foto: Archivo)
