Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Ciudad de Panamá, 28 nov.- En un fallo unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional la Ley 406, que establece el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Después de cinco días consecutivos de sesiones, la resolución fue recibido con vítores por los activistas que desde hace varias jornadas se mantienen apostados en la cercanía de esa instancia, que finalmente emitió su veredicto sobre las dos primeras de las 10 querellas interpuestas contra la mentada normativa.
Desde hace más de un mes ocurren en el país manifestaciones de rechazo en contra de Ley 406, que permite a Minera Panamá operar por un periodo de 20 años, prorrogables por el mismo periodo, la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Pese al establecimiento de una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en Panamá, o Ley 407, firmada por el presidente Laurentino Cortizo, las protestas que piden la derogación de las concesiones en ese ámbito se mantienen.
En tanto, la empresa First Quantum informó que la notificación de la intención de presentar demandas arbitrales es parte de las formalidades legales con el propósito de abrir entre las partes un periodo de diálogo de al menos 90 días.
Mediante un comunicado, la compañía recalcó que la nota enviada previamente al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) forma parte de los trámites requeridos por los tratados internacionales.
“Este tipo de notificaciones no son el inicio de un arbitraje, sino que, por el contrario, intentan evitar la necesidad de arbitrar permitiendo que la situación se resuelva durante el periodo de 90 días”, recalcó First Quantum.
El pasado domingo 26 el MICI comunicó que las empresas First Quantum Minerals, Ltd., Minera Panamá, S. A. y Franco-Nevada Corporation enviaron dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
Por su parte, la entidad ministerial panameña alegó que el país cumple con todas sus obligaciones amparadas en el derecho nacional e internacional, y que está preparado para defender los intereses autóctonos. (PL) (Foto: EFE)
