Camagüey, 18 ago.- Los nuevos actores de la economía son parte importante del rediseño de la actividad comercial en el país, pero ese reconocimiento no desplaza la necesidad de ejecutar acciones de control y fiscalización, las que igualmente se hacen extensivas a unidades del Estado.
En los tiempos más recientes, el sector no estatal ha crecido exponencialmente, y es innegable, que su presencia contribuye a la colocación en el mercado, entre otros, de productos de primera necesidad.
Sin embargo, la revisión más detallada de sus gestiones de compra y venta no se habían operado en la provincia con la profundidad y transparencia requeridas, hecho que genera ahora la detección de múltiples transgresiones de la legalidad.
Aunque algunos deploran la imposición de multas o el cierre de establecimientos, bajo diversos pretextos, lo cierto es que el objetivo es evitar las distorsiones detectadas, y solo en casos extremos, ejecutar las más severas sanciones, en conformidad con lo establecido jurídicamente.
El objetivo de este ejercicio está bien definido: contribuir a la reducción de precios abusivos y especulativos, reforzar el control fiscal y avanzar en los procesos de bancarización, en particular, el uso de pasarelas para pagos en línea.
Sin embargo, los equipos creados para realizar estas pesquisas no solo buscan las posibles violaciones en el cumplimiento de las normativas, sino que aprovechan para realizar acciones “in situ” de asesoría técnica a vías de elevar los conocimientos de estos trabajadores privados.
En una reciente visita a un Proyecto de Desarrollo Local (PDL) nombrado “A tó tren”, el pesquisaje detectó varias insuficiencias en la documentación de los trabajadores contratados, y la inexistencia de tarjetas de estiba y vales de salida de almacén.
No son caprichos técnicos, sino parte del necesario orden para determinar las fichas de costo, y si se aplican correctamente los márgenes comerciales establecidos de hasta un 30 por ciento. En ese sentido, cobra valor toda esa documentación.
Y aunque han realizado acciones como parte de su función como PDL, queda claro que todavía no existe en ese colectivo el dominio de cuáles son las funciones y las obligaciones inherentes, lo cual urge tener en cuenta para crear mecanismos de superación y adiestramiento.
No obstante, tienen otras acciones en regla como el uso de Pago en Línea (Transfermóvil), y actualizados sus pagos tributarios y al Banco, pues radican en arrendamiento en una unidad perteneciente a la Empresa Municipal de Restaurantes y Centros de Recreación (EMURE).
La percepción es clara: la idea no es la multa por la multa, que no la hubo, por cierto, sino también contribuir a la elevación del conocimiento de quienes ejercen fuera de la actividad estatal, que no siempre poseen el apoyo de personal calificado.
Estas inspecciones integrales, se intencionan en aras de que los establecimientos eviten excesos en los precios, realicen los depósitos bancarios que correspondan y acepten los pagos en línea, ya sea por EnZona o Transfermóvil.
La deformaciones en curso entorpecen el interés expreso de las autoridades de ir fortaleciendo el proceso de Bancarización, y durante el proceso que se realiza, varios negocios han cerrado sus puertas, como reacción ilógica a ser supervisados, y cuya acción, sino tiene justificación, exige se aplique una medida rigurosa..
El impostergable proceso, concluirá en la primera quincena de septiembre próximo. (Texto: Gilberto Rodríguez Rivero/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)
