Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
EE.UU, 19 abr.- Un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU., fechado el 15 de abril de 2025 y al que tuvo acceso exclusivo The Washington Post, refuta categóricamente las acusaciones sobre vínculos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la organización criminal Tren de Aragua.
El documento, que contó con el respaldo unánime de 17 de las 18 agencias de inteligencia estadounidenses (excepto el FBI que mantuvo reservas moderadas), concluye que no existe evidencia que sustente dicha conexión.
El análisis, basado en seis meses de investigación, estableció tres conclusiones clave: en primer lugar, determinó que el Tren de Aragua dejó de operar como estructura organizada en 2023; en segundo lugar, no encontró vínculos operativos ni financieros con el gobierno venezolano; y en tercer lugar, confirmó que la organización funcionaba como una red descentralizada sin conexión con el Estado.
Estos hallazgos contradicen directamente la narrativa utilizada por la administración Trump y la opositora venezolana María Corina Machado para justificar medidas extremas contra migrantes venezolanos.
Desde marzo de 2025, el gobierno estadounidense ha deportado a más de 200 venezolanos hacia una megacárcel en El Salvador, alegando su pertenencia al Tren de Aragua. Sin embargo, datos recopilados por organizaciones de derechos humanos revelan información preocupante: el 78% de los deportados carecía de antecedentes penales, solo el 12% tenía procesos judiciales previos, y el 10% restante presentaba causas menores no vinculadas a crimen organizado. Estas cifras cuestionan seriamente los fundamentos de las deportaciones masivas.
La comunidad experta ha reaccionado con contundencia ante estas revelaciones. Geoff Ramsey, analista del Atlantic Council, calificó las acusaciones como “absurdas”, explicando que el Tren de Aragua operaba como “una marca criminal descentralizada sin control estatal”.
Por su parte, el juez federal James E. Boasberg declaró en desacato a la administración Trump por ignorar una orden judicial que detenía las deportaciones, advirtiendo que esta actitud “constituye un ataque frontal al Estado de derecho”.
El caso continúa su desarrollo legal con tres audiencias clave programadas: el 25 de abril se evaluarán sanciones por desacato, el 30 de abril se revisarán compensaciones para los deportados, y el 3 de mayo se considerarán medidas cautelares adicionales.
Organismos internacionales como ACNUR y Amnistía Internacional han anunciado que seguirán de cerca estos procesos, en lo que se ha convertido en un emblemático caso sobre derechos migratorios y el uso político de información de inteligencia. (Texto y Foto: Cubadebate)
