Volvió a ser noticia que la compañía petrolera Exxon Mobil impuso otra vez una fabricada demanda judicial contra Cuba en virtud de la Ley Helms-Burton, presentada esta semana en la Corte Suprema de Estados Unidos, como parte de un caso que llueve sobre mojado en su guerra jurídica contra La Habana.
Tras la decisión de una instancia inferior en respuesta a una petición interpuesta en 2019, archivada en el Distrito de Columbia, ahora Exxon acudió a la Corte Suprema.
De esa manera, el gigante petrolero estadounidense resultó la primera gran corporación en demandar a Cuba desde que Trump pusiera en vigor el conocido Título III de la Helms-Burton, firmada por Clinton en 1996, y cuya aplicación se puso en pausa por él mismo y los siguientes presidentes.
En 2019, el demandante presentó documentación contra la Unión Cuba-Petróleo, operadora de la otrora Standard Oil, refinería habanera (hoy “Ñico López”), primera propiedad de Estados Unidos nacionalizada, luego de su negativa a procesar petróleo de la Unión Soviética, tras su cierre del suministro para intentar asfixiar al país.
Aquella demanda de Exxon formó parte de una avalancha de unas 40 presentadas bajo la Ley Helms-Burton de 2019 a 2020.
La Constitución y las leyes cubanas impiden el paso a esa ley estadounidense, sin pie ni cabeza, inaplicable en territorio de la nación caribeña, donde no se le reconoce valor jurídico alguno.
También recibe repudio internacional por inaceptable para el orden mundial que no admite normas extraterritoriales ni violación de la soberanía de los Estados.
Esa verdad ha chocado de frente contra quienes se creen amparados por la Helms-Burton, para reclamar compensaciones a familias y empresas, presuntamente afectadas por las nacionalizaciones soberanas, después del triunfo revolucionario en 1959.
La primera resolución archivada por un tribunal europeo, luego de la autorización del Título III en el mandato inicial del magnate neoyorquino, contenía un dictamen decisivo de jueces españoles que se reconocían incompetentes para valorar si la nacionalización acordada por el Estado cubano en el año 1960 fue o no fue lícita.
Los demandantes pretendían fundamentar su reclamo en la supuesta explotación ilegítima de hoteles en Cuba, construidos sobre terrenos nacionalizados por la Ley 890 de 1960, y gestionados por el grupo Meliá desde finales de los años 80 y principios de los 90.
Ahora, la Exxon reincide en su petición, al amparo de la brutal y renovada arremetida de Trump. Y afirma que las pérdidas ocasionadas por privarse de los activos de petróleo y gas en Cuba superaron los 70 millones de dólares.
Pero en su reclamación incluyen una cifra mucho mayor debido a los intereses y la posibilidad de daños adicionales.
Parece que olvidaron que la nación cubana estableció la forma y el modo de indemnizar el valor de las propiedades de personas naturales o jurídicas de EE.UU., objeto de nacionalización, ya que la jurisprudencia establece procesos compensatorios para tales casos.
Sin embargo, excepto Washington, que se negó a cobrar, el resto de los países respetó la decisión soberana de Cuba, y negociaron con sus autoridades la compensación a sus nacionales por sus propiedades. Y se concluyeron acuerdos con Francia, Suiza, Reino Unido, Canadá y España para las indemnizaciones en plazos, de acuerdo con la práctica internacional.
Según cifras del informe presentado por el canciller Bruno Rodríguez en Naciones Unidas el pasado año, los daños provocados a Cuba por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, del primero de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, se estiman en más de siete mil millones de dólares.
De modo que, ante tantas pérdidas de Cuba durante más de seis décadas, habría que preguntarse quién le debe a quién. (Fuente: ACN)
