La Habana, 21 oct.- La actualización de los fines y principios de la educación, la definición de la enseñanza obligatoria, el reconocimiento de saberes adquiridos por distintas vías y el fortalecimiento de la protección de los derechos de niños y adolescentes figuran entre los principales contenidos del anteproyecto de Ley de Educación que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre.
La norma es resultado de un proceso de elaboración que involucra a más de 25 organismos, organizaciones, instituciones y centros de estudio, explicó la viceministra de Educación, Marlen Triana Mederos, durante una entrevista a Granma, en la que detalló los antecedentes, los objetivos y los próximos pasos de la propuesta legislativa.
Explicó que, desde 2023, se reconfiguró un grupo de trabajo temporal encargado de acompañar la elaboración del documento, con la participación de organismos de la Administración Central del Estado, el Tribunal Supremo y centros de estudio, entre ellos el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el Centro de Estudios de la Juventud y la Universidad de La Habana.
También han estado representados los trabajadores a través del sindicato, mientras que los ministerios de Educación (Mined) y de Educación Superior (mes) han coordinado el trabajo.
Expuso que la versión que está disponible para consulta es la número 19, lo que refleja el trabajo desarrollado para construir una norma que responda a las necesidades actuales del sistema educativo y articule las disposiciones relacionadas con la formación, los derechos y las responsabilidades de los diferentes actores.
UN PROCESO LEGISLATIVO CON VARIOS ANTECEDENTES
La elaboración del anteproyecto tiene antecedentes en 2019, cuando Cuba aprobó una nueva Constitución. Desde entonces, el desarrollo de otras normas ha incidido en el cronograma de la Ley de Educación, debido a la necesidad de armonizar sus contenidos con disposiciones que también regulan aspectos vinculados con la enseñanza y la formación de las personas.
Entre ellas, Triana Mederos mencionó el Código de las Familias, el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, el Código de Trabajo, la Ley del Deporte y la Ley de Salud Pública, entre otras.
PRECISAR DERECHOS, DEBERES Y EDUCACIÓN OBLIGATORIA
Entre los problemas identificados durante la preparación de la propuesta se encuentran la desactualización de los fines, principios y objetivos de la educación; la insuficiente articulación y coherencia entre los organismos formadores en cuanto a modalidades, estructuras y funciones; la ambigüedad sobre el inicio y el fin de la educación obligatoria, y la imprecisión de derechos y deberes.
Uno de los cambios fundamentales que se propone es definir el periodo de escolarización obligatoria.
«Esta ley viene a definir que será obligatoria la educación en Cuba desde el sexto año de vida de la primera infancia, que es el grado preescolar, hasta el noveno grado», precisó Triana Mederos.
La norma también busca armonizar los derechos, deberes y responsabilidades relacionados con la educación con lo establecido en el Código de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
En ese sentido, incorpora cuestiones relacionadas con la participación, el interés superior del menor y la protección frente a la violencia, aspectos que forman parte de la actualización del marco jurídico que regula los procesos educativos.
La intención es contar con disposiciones que permitan una mayor articulación del sistema y una protección más precisa de los derechos en las instituciones educativas.
RECONOCER LOS SABERES ADQUIRIDOS POR DISTINTAS VÍAS
Entre las novedades del anteproyecto sobresale el reconocimiento y la certificación de saberes adquiridos mediante diferentes vías, incluso fuera de los procesos formales de enseñanza.
La Viceministra ejemplificó que una persona que haya aprendido de manera autodidacta un oficio, como la soldadura, y pueda demostrar sus conocimientos, podrá recibir una titulación que los certifique.
«Si usted de manera autodidacta sabe ser soldador y lo demuestra, puede recibir una titulación», señaló.
Esta posibilidad amplía las vías para reconocer los conocimientos y las habilidades de las personas.
El anteproyecto incorpora, además, contenidos relacionados con la investigación, la transformación digital y la ciberseguridad, así como el fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y la sociedad.
La actualización digital incluye el uso crítico y ético de la inteligencia artificial, con atención a la seguridad y la protección de los datos. Estos elementos se integran a la propuesta como parte de los temas que deben considerarse en el desarrollo de los procesos educativos.
En materia de financiamiento, la norma refrenda la Transformación Económica y Social 67, que permite diversificar servicios educativos de posgrado, capacitación y cuidados.
«Seguimos siendo presupuestados, pero vamos a poder hacer uso de financiamiento complementario para continuar favoreciendo los procesos educativos», afirmó Triana Mederos.
CONSULTA ESPECIALIZADA Y RECORRIDO POR EL PAÍS
La elaboración del anteproyecto ha incluido diferentes momentos de consulta. El grupo de trabajo sesionó entre 2023 y 2025 y realizó una consulta especializada con organismos formadores, entre ellos el Mined, el mes, los Ministerios de Salud Pública, del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Cultura.
Más recientemente, se efectuó una videoconferencia con rectores de universidades y se encargaron dictámenes a varias instituciones universitarias del país.
Se ha concebido un recorrido por todas las provincias, con plenarias de representantes que abarcarán las regiones oriental, central y occidental.
Entre los criterios recogidos durante el proceso figuran la necesidad de regular y supervisar las actividades educativas desarrolladas por las formas de gestión no estatal, así como la atención a los repasadores y una mayor participación en las decisiones relacionadas con la educación.
También se ha planteado la importancia de garantizar la inclusión mediante recursos, apoyos, accesibilidad y ajustes razonables, junto con el fortalecimiento de la preparación para el empleo y de los vínculos entre la formación y las necesidades de cada territorio.
Estos asuntos forman parte de los elementos considerados en la construcción de la propuesta, que continúa abierta al intercambio de criterios antes de su presentación al órgano legislativo.
Con el anteproyecto, el Ministerio de Educación aspira a contar con un sistema más articulado, que fortalezca la protección de derechos en las instituciones, disponga de apoyos concretos para la inclusión y reconozca los aprendizajes adquiridos por distintas vías.
La certificación de saberes y la posibilidad de verificar la calidad educativa también figuran entre los resultados esperados de la futura ley.
Para Triana Mederos, el alcance de la norma trasciende el funcionamiento de las instituciones educativas, pues sus efectos pueden contribuir al desarrollo de la sociedad y de los territorios.
«Necesariamente, si va a contribuir al desarrollo de la educación, esta ley también podrá contribuir al desarrollo del país y de los territorios», afirmó.
El anteproyecto está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación como parte de un proceso que busca continuar recogiendo criterios; para ello se podrá escribir a través del correo ley.educacion@mined.gob.cu. (Texto y foto: Granma Digital)
