La Habana, 14 oct.- Mientras Cuba avanza en sus transformaciones económicas y sociales en medio de una compleja situación energética y el recrudecimiento de la asfixia económica, una iniciativa allana los caminos para garantizar que ningún joven quede fuera del mundo laboral.
Se trata del proyecto Fortalecimiento de la inclusión sociolaboral de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Cuba, 2026-2029, que articula al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Educación, la Federación de Mujeres Cubanas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En la iniciativa participan activamente la Asociación Nacional de Sordos, la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, la Asociación Nacional de Ciegos y la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual.
Los Consejos de Administración Municipal, junto a las direcciones provinciales y municipales de Educación y Trabajo, tendrán la responsabilidad de implementar el proyecto en seis municipios: Santiago de Cuba y Holguín, en las provincias homónimas, y los capitalinos La Habana Vieja, Plaza de la Revolución, Diez de Octubre y Marianao.
La propuesta responde directamente a las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que anticipaban acciones para apoyar a personas en vulnerabilidad, diseñar beneficios fiscales y establecer un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo para jóvenes desvinculados del estudio y el empleo que se vinculen a cursos de preparación.
En consonancia, la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 64, y la Ley 189 “Código de Trabajo” reconocen el derecho al trabajo y establecen que las personas en condiciones de trabajar tienen derecho a obtener un empleo digno en correspondencia con su elección, calificación, actitud y exigencias económicas y sociales.
El proyecto busca que más de nueve mil 975 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años de edad sean formados y certificados, incluidos tres 491 mujeres y mil 995 personas en situación de discapacidad.
Ellos recibirán formación flexible para construir nuevos proyectos de vida y acceder a una certificación.
Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del MTSS y coordinador del proyecto, explicó que la iniciativa se articula con las Transformaciones Económicas y Sociales en curso, como la dotación de activos, la capacitación remunerada y los incentivos para talleres donde laboran personas con discapacidad.
Riverón Sánchez precisó que el proyecto contempla la puesta en marcha de centros inclusivos estatales y no estatales, cursos flexibles con certificación de saberes, ajustes razonables en los puestos de trabajo y políticas laborales que aseguren la transición de la escuela al empleo.
Entre los desafíos, señaló que la oferta formativa no siempre responde a las demandas de la economía local o a las expectativas de los jóvenes, una brecha que el proyecto busca cerrar mediante un enfoque territorial.
A esa dificultad se suman otras identificadas en la investigación previa al diseño del proyecto: la desconexión entre la oferta educativa y las demandas territoriales, las barreras de accesibilidad y la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas, que afecta especialmente a las mujeres jóvenes.
La Resolución 201/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial de la República el 7 de octubre, estableció la deducción del 150% de los gastos por concepto de pago de salarios y contribuciones a la seguridad social para las empresas de Industrias Locales y los talleres que contraten personas en situación de discapacidad, a los efectos del cálculo y pago del Impuesto sobre Utilidades.
Dicha norma definió un tipo impositivo del 30% para el aporte por el rendimiento de la Inversión Estatal y eximió del pago del Impuesto sobre las ventas y los servicios a los actores económicos que comercialicen insumos y materias primas a esos talleres.
Los trabajadores en situación de discapacidad que laboran en esas entidades incrementan en un 50% la cuantía del mínimo exento establecido con carácter general, para el cálculo y pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales.
Dichas medidas fiscales son precisamente las condiciones que hacen sostenible la inclusión laboral que el proyecto promueve, al estimular la contratación, elevar los ingresos de los trabajadores y abaratar los insumos de los talleres.
El proyecto, financiado por el Unicef y la Generalitat Valenciana, aspira a dejar capacidades instaladas y evidencias para políticas públicas que respalden el empleo juvenil inclusivo en otras partes del país.
En un contexto donde las Transformaciones Económicas y Sociales buscan reordenar el modelo productivo, iniciativas como esta demuestran que el crecimiento económico solo es sostenible cuando no deja al margen a ningún grupo. (Fuente: ACN)
