El Consejo de Ministros aprueba la confiscación de los bienes de la Compañía de Fomento del Túnel de la Habana S. A. y se los adjudica al Estado cubano. El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) recibe la concesión para operar dicho túnel y percibir los impuestos que produzca por concepto de peaje.