El entonces presidente argentino Raúl Alfonsín sancionó la Ley de Punto Final, que estableció la paralización de los procesos judiciales contra los militares imputados en el delito de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) durante los gobiernos militares en el país suramericano de 1976 a 1983. El Congreso la declaró nula en 2003.