El dos de octubre de 1998, un jurado federal de instrucción de Miami encausa a un grupo de personas apresadas el 12 de septiembre en un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Se les acusa de conspiración para cometer actos de espionaje y de ser agentes extranjeros. La orden es mantenerlas detenidas sin derecho a fianza y pendientes de juicio. Todavía el FBI desconocía las verdaderas identidades de tres de los acusados, entre los cuales se hallaban Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González. Desde que ocurrieron las detenciones, los grupúsculos contrarrevolucionarios y los políticos y funcionarios a ellos vinculados desataron una frenética campaña para estigmatizar a los prisioneros. «Estaba claro que se trataba de un operativo de carácter político-represivo, cuya finalidad no era otra que favorecer al sector más agresivo y violento de quienes han convertido el sur de la Florida desde 1959 en la base principal para su guerra contra Cuba», ha precisado Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano. Lo que se quiso desvirtuar con el turbio proceso es que esos cinco hombres tenían como propósito preservar contra acciones terroristas no sólo a su propio pueblo, sino también a ciudadanos norteamericanos.