Lima, 12 oct.- El Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte el 9 de octubre de 2025 por “incapacidad moral permanente”. Fue el desenlace de un gobierno sostenido más por el cálculo político que por la legitimidad popular. Su aprobación rondaba el 4 %, y su gabinete acumulaba denuncias, crisis de seguridad y una desconexión total con la ciudadanía.
El escándalo conocido como “Rolexgate”, por la posesión de relojes y joyas de lujo sin justificación legal, terminó de sellar su suerte. La oposición aprovechó el desprestigio del Ejecutivo para unirse en su contra y provocar la vacancia. Según AP News, la decisión se aprobó por amplia mayoría en un Congreso que busca reacomodarse y mantenerse, al menos, hasta las elecciones de 2026.
La caída de Boluarte tiene raíces más hondas que un caso de corrupción. Es la expresión de un sistema político agotado, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sustituido al debate democrático.
Desde la vacancia de Pedro Castillo en 2022, el país se ha movido en ciclos de crisis institucionales, gobiernos de transición y protestas violentas. En ese contexto, asumió Boluarte, quien carecía de una base social propia. Según analistas, su discurso tecnocrático y la distancia que siempre marcó de los sectores populares hicieron imposible revertir la imagen de una mandataria sin pueblo.
A ello se sumó una creciente inseguridad ciudadana, con cifras alarmantes de homicidios, extorsiones y robos, que deterioraron aún más la confianza pública. El diario El Colombiano reseñó que “la población percibía un Estado incapaz de garantizar orden ni justicia, mientras los escándalos personales de la presidenta ocupaban los titulares”.
El Congreso peruano, por su parte, fragmentado pero donde prevalecen fuerzas conservadoras, ha convertido la figura de la “vacancia por incapacidad moral” en un arma política. En nombre de la Constitución, ha derrocado presidentes y favorecido alianzas efímeras que garantizan cuotas de poder sin proyecto nacional.
Como señaló otro medio, TN Internacional, detrás de la caída de Boluarte hubo más cálculo electoral que indignación ética. La clase política en el poder busca llegar a los comicios de abril del 2026 sin que le asocien a un gobierno impopular. (Texto y Foto: Trabajadores)