Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
La Habana, 8 ene.- El anteproyecto de ley del Código de Trabajo definió responsabilidades precisas para el Estado, los empleadores y los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, bajo el principio de que un ambiente seguro constituye prioridad nacional, precisa el periódico Granma desde sus páginas.
La norma establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social controla la política general y aprueba los equipos de protección personal, mientras el Ministerio de Salud Pública determina enfermedades profesionales, procedimientos de prevención y rehabilitación.
El Ministerio del Interior regula la prevención y extinción de incendios, así como el manejo de explosivos y sustancias peligrosas, en tanto el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente orienta la seguridad biológica, radiológica y química.
Estos organismos tienen facultad de paralizar equipos, procesos o clausurar locales ante riesgos inminentes de accidente, incendio o incumplimiento grave de normas sanitarias, según lo dispuesto en la propuesta.
En cada centro de trabajo, el empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud, identificar peligros y evaluar riesgos, con participación sindical en la elaboración de un Programa Anual de Prevención de Riesgos Laborales.
Dicho programa debe priorizar acciones, asignar responsables y recursos, incluir medidas organizativas, capacitación, adquisición de equipos de protección y mejora de condiciones laborales, con presupuesto específico para salud ocupacional, higiene industrial y preparación ante emergencias.
La norma obliga a crear Comités de Seguridad y Salud integrados por representantes de la dirección y del sindicato, encargados de analizar de forma colegiada los asuntos inherentes a la protección de los trabajadores.
Los empleadores deben elaborar procedimientos de trabajo seguro, emitir permisos especiales para labores de alto riesgo y garantizar instrucción inicial y periódica sobre riesgos, emergencias, primeros auxilios y uso de equipos de protección.
El trabajador tiene derecho a recibir gratuitamente los equipos de protección personal y la obligación de utilizarlos y cuidarlos, mientras el empleador debe asegurar que estén registrados y aprobados por las autoridades competentes.
Los exámenes médicos ocupacionales son obligatorios y, en caso de alteraciones de salud vinculadas al trabajo, el empleador debe actuar según lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, lo que puede incluir reubicación o ajuste de horario.
La propuesta regula el manejo de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, obliga a investigar y registrar sucesos y establece que, en caso de accidente mortal, se informe a la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo en un plazo máximo de 24 horas.
Se reconoce el derecho de retirada: si un trabajador considera que su vida corre peligro inminente, puede suspender la labor hasta que se elimine el riesgo, quedando obligado a realizar provisionalmente otra tarea asignada, bajo supervisión sindical.
Esta iniciativa refuerza la idea de que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad compartida, donde el Estado regula, el empleador garantiza condiciones y el trabajador participa activamente en su protección. (Fuente: Prensa Latina)
