La Habana, 21 nov.- El abogado cubano Rodolfo Dávalos afirmó en esta capital que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos es parte de una guerra jurídica que refuerza el bloqueo económico contra la isla caribeña.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos hace casi seis décadas también “es una guerra, con ropaje de Derecho”, subrayó Dávalos al intervenir este miércoles en el VIII Congreso Internacional Abogacía 2019.
Este ataque contra Cuba se hace con coerción económica, pero a la vez “es una guerra jurídica”, insistió el catedrático en la cita que se inauguró hoy en el Palacio de Convenciones y se extenderá hasta mañana viernes.
A Estados Unidos no le preocupa la justicia como objetivo, sino causar daños a quienes consideran sus enemigos, utilizan los medios de difusión masiva para manipular a la opinión pública, explicó Dávalos.
Maliciosamente, el Título III de la Ley Helms-Burton está concebido para desatar una guerra jurídica en el momento oportuno, comentó el académico.
La mencionada norma afecta la economía de Cuba, pues crea preocupación e incertidumbre en los inversionistas extranjeros, y busca que estos abandonen el país caribeño, puntualizó.
Tiene un objetivo político, hay fondos buitres aprovechándose de todo esto, alertó Dávalos, y comentó que es muy raro que las reclamaciones sobre antiguas propiedades nacionalizadas en la Isla salieran de un solo despacho de abogados, uno pequeño.
“La actual administración norteamericana nos hace la guerra, y en las guerra se combate, y a la guerra jurídica se llevarán las mismas armas: el Derecho, con la única diferencia que nos asiste el verdadero Derecho, el Derecho Internacional”, dijo el abogado.
La Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial y pretende internacionalizar dicha política por medio de medidas coercitivas contra terceros países, a fin de interrumpir sus relaciones de inversión y comerciales con Cuba y someter a esos estados soberanos a la voluntad de la Casa Blanca.
Asimismo, busca anular el derecho soberano de un país a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales.
En cuanto al Título III de dicha ley plantea que los reclamantes de propiedades que fueron nacionalizadas o expropiadas en Cuba, incluyendo los que en ese momento no eran estadounidenses, deben ser protegidos y establece un grupo de normas para demandar ante tribunales de Estados Unidos.
Su objetivo es asfixiar económicamente a la Revolución y eliminar el Socialismo, y de aplicarse cualquier cubano y cada comunidad del país verían cómo se presentan ante tribunales norteamericanos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica y los terrenos sobre los que se edifican sus barrios. (Texto y fotos: PL)
