La Habana, 16 jun.- La necesidad de un tratado internacional vinculante que proteja específicamente los derechos de las personas mayores, y el camino que Cuba y América Latina recorren hacia ese objetivo, fueron analizados hoy en un encuentro con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Esta jornada puso sobre la mesa los retos actuales para superar la visión asistencialista de la vejez y consolidar un enfoque de derechos humanos que garantice la autonomía, la dignidad y la integración plena de este grupo poblacional.
Joanna Pereira Pérez, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de La Habana, detalló en su conferencia las novedades en torno al proceso de creación de una Convención Internacional para las Personas Mayores en el seno de las Naciones Unidas.
Recordó que el camino se inició formalmente en abril de 2025, cuando el 58 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, encargado de elaborar un instrumento jurídico vinculante.
Uno de los debates más complejos, señaló, es la llamada «doble lucha»: por un lado, el reconocimiento de derechos específicos para los adultos mayores; por otro, la necesidad de demostrar que los instrumentos jurídicos internacionales existentes no son suficientes.
Hay muchos países que están diciendo que con lo que hay ya no es necesario un nuevo instrumento jurídico, alertó.
Para rebatir esa postura, la especialista identificó tres brechas fundamentales que justifican la urgencia de una convención.
La primera, una brecha normativa, pues las leyes actuales suelen ser incoherentes, dispersas y con una marcada tendencia asistencialista y la segunda, una brecha de protección, ya que los mecanismos de defensa de los derechos muchas veces no están adecuados a la realidad de las personas mayores; carecen de celeridad, accesibilidad y de funcionarios especializados.
Para terminar, destacó que la tercera es una brecha de implementación, pues los compromisos políticos no vinculantes dejan que cada Estado aplique o no las normas según su voluntad, sin un mecanismo de seguimiento que obligue a rendir cuentas sobre cómo se garantizan esos derechos.
El análisis también puso de relieve que América Latina ocupa una posición privilegiada en este debate, al ser la única región del mundo que cuenta desde 2015 con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada ya por 12 países; esta experiencia regional, se dijo, ha sido fundamental para impulsar la discusión global.
Una nueva convención implicaría que se divulgue, que se lleve a la base, y que los Estados estén obligados, con un mecanismo de seguimiento, a dar respuestas sobre cómo están garantizando esos derechos, concluyó.(Texto y Foto: ACN)
