El Senado norteamericano aprueba la Ley Puñal, que al dar autoridad excepcional al Presidente para reducir la cuota azucarera, hacía trizas el artículo 16 de la Carta de la ONU que establece la no utilización por parte de los Estados, de medidas coercitivas de carácter económico para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. En respuesta, días después, el Consejo de Ministros de Cuba, mediante la ley Escudo, concedió poderes excepcionales al Presidente de la República y al Primer Ministro, para nacionalizar empresas y bienes propiedades de norteamericanos existentes en la Isla.