El Gobierno Revolucionario aprueba el 20 de noviembre de 1959 la Ley No. 635, la cual anula las concesiones petroleras hechas por el dictador Fulgencio Batista (Decreto No. 1526 de 9 de julio de 1954). Asimismo, la ley cancela todas las solicitudes de registros de exploración y explotación, cualquiera que sea el trámite en que se encuentren, e impide que se mantengan sin explotar los pozos. Establece, además, la creación del Instituto Cubano del Petróleo (ICP).