Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Caracas, 26 mar.- Un equipo de abogados contratado por el gobierno de Nicolás Maduro presentó este martes un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador, solicitando la inmediata liberación y repatriación de decenas de venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en una prisión de máxima seguridad del país centroamericano.
Los migrantes, 238 según cifras oficiales, fueron acusados por Washington de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, pero tanto el Gobierno venezolano como los familiares de los detenidos niegan categóricamente estas acusaciones, afirmando que son ciudadanos comunes sin vínculos con grupos delictivos.
El abogado Jaime Ortega, representante legal del caso, explicó que aunque inicialmente presentaron la demanda en nombre de 30 venezolanos que les otorgaron poderes notariales, buscarán extender la acción legal a todos los compatriotas detenidos.
“Exigimos primero su liberación inmediata y, de no ser posible, que se realice un traslado y repatriación ordenados y sistemáticos”, declaró Ortega a medios internacionales.
La situación se originó cuando Estados Unidos deportó a los venezolanos utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra que fue bloqueada in extremis por el juez federal James Boasberg.
Pese a la orden judicial que exigía el regreso del vuelo, las autoridades estadounidenses completaron la deportación hacia El Salvador, donde los venezolanos fueron recluidos en una prisión de 23 hectáreas ubicada a 70 km de San Salvador.
El traslado se hizo bajo un acuerdo mediante el cual Washington pagaría al Gobierno salvadoreño seis millones de dólares por albergar a los deportados.
El presidente Nayib Bukele confirmó el domingo 23 de marzo en redes sociales la llegada de los “238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, aunque no proporcionó evidencia que respalde esa afirmación.
Las condiciones carcelarias han generado seria preocupación. El juez Boasberg citó en su resolución testimonios sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo palizas sistemáticas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua potable, y condiciones de hacinamiento extremo que obligan a los reclusos a dormir de pie.
La situación legal de los detenidos presenta múltiples irregularidades. David Morales, director legal de la ONG Cristosal, señaló que “no existe fundamento legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador” y calificó las detenciones de arbitrarias pues no han sido sometidos a proceso judicial alguno en territorio salvadoreño.
El caso se complica por el contexto político de El Salvador, donde rige un estado de excepción desde marzo de 2022 que ha suspendido garantías constitucionales. Además, el país centroamericano rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019, lo que deja a los detenidos sin asistencia consular.
Expertos legales como Enrique Anaya advierten que la falta de independencia judicial en El Salvador –donde el Gobierno de Bukele reemplazó en 2021 a los magistrados de la Sala Constitucional– reduce considerablemente las posibilidades de éxito del hábeas corpus. Sin embargo, destacan que la acción legal sirve para documentar las irregularidades y mantener la presión internacional sobre el caso.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de El Salvador ni el comisionado presidencial para los derechos humanos han respondido a las solicitudes de información sobre el estatus legal de los prisioneros venezolanos, mientras que el Gobierno de Bukele mantiene silencio sobre el particular. (Texto y Foto: Cubadebate)
