Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse al demostrado complot para deponerlo, consideró que el aprovechado canciller trumpista, Marco Rubio, no debía haber tenido participación del plan, porque consideraba que el traidor de lamentable origen cubano es representante de un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, un problema en Gaza y un problema en Ucrania y Rusia “se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia”.
A lo largo de su pronunciamiento, el jefe de Estado colombiano dirigió comentarios directos a congresistas estadounidenses y a funcionarios de origen cubano residentes en ese país, que han hecho críticas hacia el gobierno de Colombia. Petro los exhortó a definir los verdaderos objetivos de sus acciones, remarcando que Colombia no constituye un enemigo y, por el contrario, puede jugar un papel de apoyo en la resolución de problemas regionales.
El presidente rechazó rotundamente las acusaciones que lo vinculan con actividades ilícitas como el narcotráfico o el terrorismo, afirmando que estos señalamientos buscan minar la cooperación bilateral en materia de seguridad. El mandatario sostuvo que existen actores interesados en deteriorar la colaboración entre Colombia y Estados Unidos, e indicó que cualquier ruptura en las relaciones no aislaría al país, ya que existen aliados europeos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado.
Cierto, el narcotráfico trata de crear un cisma explosivo entre Colombia y Estados Unidos, pero no hay que olvidar que elementos de origen gusaneril, afincados en Florida, tienen a Rubio como delfín para promover planes de destrucción y plenamente subversivos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, compró al presidente panameño para que participara en los planes imperialistas contra China, promovió la entrada casi total de enclaves militares norteamericanos en el istmo, y deschavó totalmente al mandatario salvadoreño, utilizándolo en sus planes contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Hay mucho más, pero tanto Rubio como sus adláteres gusaneriles de origen cubano quedan bien retratados por Randy Alonso en el colega Cubadebate:
“Nada nuevo bajo el sol; los cuatro congresistas representan la Florida, el cubil que acoge a lo más selecto de la ultraderecha latinoamericana y a los ladrones más grandes que ha parido la región, la plaza a donde fue a refugiarse un tiempo Bolsonaro, el lugar que acaba de tender alfombra roja a Javier Milei y su motosierra, el sitio de dónde han partido los ejecutores de numerosos actos terroristas contra Cuba y desde donde marcharon algunos de los líderes del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021”.
Para Petro, la conspiración internacional para derrocarlo ha puesto a Mario Díaz-Balart en el centro del escándalo. Según reveló el diario nada progresista El País, de España, el excanciller Álvaro Leyva, en articulación con líderes de la derecha colombiana, sostuvo reuniones no registradas oficialmente con Díaz-Balart en Washington, con el propósito de promover lo que Petro calificó públicamente como un intento de “golpe de Estado”. Estas reuniones, que contaron con testigos presenciales según El País, tendrían como eje la narrativa de que Petro no estaba en condiciones de gobernar y que debía ser removido del poder.
El caso no solo refleja las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, sino que también confirma que las redes de presión política que operan desde el sur de Florida continúan activas, defendiendo intereses históricos y actuando con capacidad de incidencia sobre las decisiones estratégicas de Washington. Las investigaciones para establecer la existencia, alcance y responsables de esta conspiración contra el presidente Petro siguen abiertas, tanto en la justicia colombiana como en la esfera internacional, para entender por qué se buscó, fracasadamente, que la sociedad colombiana creyera que Petro no era apto para seguir siendo el presidente de Colombia.
ANTES DE LA REVELACIÓN
Antes de que El País revelara cómo se fraguó el plan contra Petro, Díaz-Balart ya había sostenido reuniones con el excanciller Álvaro Leyva y con líderes de la derecha colombiana. Luego, replicó la acusación de que Petro no debía seguir siendo presidente por supuestamente ser un “drogadicto”, argumento que intentaron posicionar como justificación del complot para tumbarlo.
Ya el 26 de enero, publicó un mensaje anunciando consecuencias “graves” si Petro no se plegaba a los designios del gobierno de Donald Trump: “El presidente Gustavo Petro está destruyendo innecesariamente la relación especial entre Colombia y EE.UU. Es hora de que Petro reconsidere su postura hacia los EE.UU. antes de que las consecuencias sean aún más graves”, escribió el congresista de extrema derecha, en respuesta al gobierno colombiano que se negó a recibir vuelos con migrantes deportados y sometidos a graves humillaciones que fueron calificadas por Petro como indignas para un ser humano: viajar esposados sin tener sentencias condenatorias o tan siquiera una acusación. Esta negativa desató la ira del presidente norteamericano, Donald Trump.
Quince días después, el 11 de febrero, la precandidata presidencial Vicky Dávila, cercana a grandes empresarios y a la extrema derecha colombiana, se reunió en Estados Unidos con Díaz-Balart. “Le dije que Colombia no es Petro y que debemos evitar a toda costa la imposición de sanciones contra nuestro país. Con ellas solo sufrirían nuestros 50 millones de colombianos. Esto solo favorecería a Petro y a su proyecto político destructivo”, dijo. Semanas después, Donald Trump impuso aranceles a Colombia y a otros países. Dávila permaneció una semana en Estados Unidos.
Casi dos meses más tarde, el 24 de marzo, un grupo de congresistas colombianos, declarados en oposición a Petro, Katherine Miranda (Partido Verde), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Mauricio Gómez (Liberal), Nicolás Echeverry (Conservador) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), viajaron a Estados Unidos para reunirse con los congresistas Mario Díaz-Balart y Henry Cuellar, con el propósito de reactivar un comité bipartidista que se instauró en el 2009 durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En ese momento, Petro denunciaba un bloqueo institucional por estos partidos, que habían hundido la reforma laboral en la comisión séptima del Senado, sin siquiera ser debatida. La respuesta del primer mandatario fue convocar a una consulta popular, lo que puso en un lugar incómodo a estos congresistas que empezaron a hablar de un golpe contra el Congreso. El principal “líder de la banda”, como Petro lo denominó, era justamente el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien también participó en la reunión en Washington.
Ese día, Díaz Balart aseguró: “estamos muy preocupados por lo que está pasando en Colombia…Nos preocupa la posible privación del Estado de derecho, pero lo que se sigue manteniendo altamente positivo es la relación con el Congreso”. También intentó comparar el gobierno de Petro con “las dictaduras de la región como la de Nicolás Maduro en Venezuela”, el mismo gobierno al que en el pasado la administración de Donald Trump intentó derrocar por la fuerza, como ocurrió con la fallida operación Gedeón en mayo del 2020, un intento de incursión armada hacia Venezuela en el que participaron exmilitares venezolanos y agentes vinculados a Estados Unidos y Colombia, según reportó British Brodcasting Corporation.
Díaz-Balart insistió en que la reunión buscaba “fortalecer esta alianza que ha beneficiado enormemente a ambos países [...] combatiendo el narcoterrorismo y promoviendo los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y Colombia, así como trabajar con el pueblo colombiano para avanzar en los objetivos comunes de estabilidad, prosperidad y gobernanza democrática”. Efraín Cepeda, por su parte, publicó una declaración ambigua refiriéndose a “temas bilaterales” como la migración, el narcotráfico y la relación comercial. “El Congreso de Colombia tiene todo el respaldo del Congreso de los Estados Unidos”, concluyó.
PODEROSA GUSANERA
Más allá de la familia está el poder cubano-americano que influye en la relación entre Washington y América Latina. Su exponente más destacado es Marco Rubio. Cuando Trump lo nombró en el gabinete, Díaz-Balart manifestó sobre Rubio: “(hará) un trabajo excepcional promoviendo una política exterior firme y enfocada, y ofrecerá experiencia y asesoramiento invaluables como asesor de Seguridad Nacional”
Ambos —Rubio y Díaz-Balart— han estado ligados a redes políticas dentro de la comunidad cubanoamericana, además de la agenda “anticomunista” y su origen, los une el lobby anticastrista. Uno de los más poderosos en el capitolio. La revista Foreign Policy lo describió así “el lobby más poderoso en Washington no es la NRA (de armas), es el ala de derecha de odio hacia Castro que tiene a los burócratas de Obama aterrorizados e inertes”.
Para ilustrar su radicalismo: en 2014, cuando los ídolos del pop Jay-Z y Beyoncé celebraron su aniversario de bodas en Cuba, Rubio exigió investigarlos por violar el embargo estadounidense a la isla. El analista William LeoGrande, profesor de American University en Washington, escribió en Foreign Policy: “Ese lobby de política exterior agresivo logró impedir el debate racional sobre una política anacrónica, intimidando a cualquiera que se atreviera a cuestionarla”.
Lo cierto es que incluso artículos académicos han cuestionado la eficacia de ese lobby cubano, que en más de cincuenta años no ha logrado su objetivo de derrocar al gobierno socialista en La Habana. También ha sido señalada como una fachada, disfrazada de defensa de derechos humanos, para encubrir otros intereses.
Investigadores de la Universidad de Denver lo resumen así: “La política de EE.UU. hacia Cuba no es más que una extensión de la política de Florida por otros medios".
Esa política dura de Florida, que impulsa carreras como las de Mario Díaz-Balart y Marco Rubio, ha sido protagonista de distintas intervenciones en América Latina. Desde el apoyo militar a grupos anticastristas entrenados por la CIA, que fueron derrotados en Playa Girón y cuya operación se gestó en EE.UU., hasta los recientes intentos de mercenarios en la fallida Operación Gedeón que buscaba la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
También existen apoyos menos visibles, como el de una organización que ha recibido recursos del gobierno estadounidense y que desde el sur de Florida lleva más de 40 años intentando incidir políticamente en la isla: la Fundación Nacional Cubano-Americana (CANF), fundada por un exiliado cubano y acusada de financiar a terroristas como Luis Posada Carriles, quien murió en el 2018. Posada Carriles aceptó en una entrevista con The New York Times haber recibido más de 200.000 dólares del fundador de la CANF para sus operaciones. Posada Carriles, señalado durante décadas de terrorismo internacional, murió en 2018 en Miami sin haber enfrentado juicio por muchos de los atentados que cometió.
Esta organización, la FNCA, ha respaldado a Marco Rubio y a otros políticos conservadores cubanoamericanos. Con los años, su agenda se ha diversificado y ha buscado incidir en otros países, como Venezuela. (Texto: Arnaldo Musa/ Cubasí) (Foto: Cubasí)
