Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
EE.UU, 11 sep.- Ha sido revelado un convenio secreto de alto valor económico, pactado entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, con el fin de encarcelar a migrantes.
La Fundación Democracy Forward, una organización sin ánimo de lucro que investiga políticas públicas para exponer la corrupción en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, obtuvo y divulgó el contenido del controversial acuerdo que faculta la deportación de migrantes desde EE.UU. hacia El Salvador.
De conformidad con el texto, el gobierno de Trump canalizó, por medio del Departamento de Estado, la suma de 4 millones 760 mil dólares para que Bukele admitiera la transferencia de “aproximadamente” 300 individuos catalogados –sin presentar evidencia– como presuntos miembros de una organización criminal.
Quienes eran deportados bajo acusaciones infundadas de pertenecer al Tren de Aragua tenían como destino la cárcel de máxima seguridad para terroristas: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El pacto estipula que la permanencia mínima en dicha instalación sería de un año.
La transacción multimillonaria se habría ejecutado mediante el JP Morgan Chase Bank y el Banco Central de Reserva de El Salvador. El convenio, obtenido gracias a una demanda interpuesta por Democracy Forward y la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights, prohíbe expresamente al gobierno de Bukele destinar los fondos recibidos a iniciativas, programas o entidades que apoyen o defiendan caravanas de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o asesoría legal. Asimismo, se le veta utilizar el dinero para atención de salud reproductiva, particularmente en casos de aborto.
Una cláusula del documento especifica:
“El acuerdo mencionado en esta carta no constituye un acuerdo internacional y los derechos u obligaciones derivados del mismo no se rigen por el derecho internacional. Cualquier asunto o disputa relacionada con el acuerdo, incluidas las obligaciones legales de las partes, se resolverá exclusivamente mediante consultas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y el Departamento de Estado”.
Adicionalmente, se señala que el Departamento de Estado de EE.UU. no aceptará “responsabilidad alguna por reclamaciones de terceros” en situaciones donde se presenten “casos de daños y perjuicios” como consecuencia de la ejecución del mencionado acuerdo.
Democracy Forward y Robert F. Kennedy Human Rights han denunciado este pacto, al que califican como una aplicación opaca de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) para agilizar la expulsión de migrantes indocumentados, un mecanismo que la propia Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, describió en un comunicado como un acuerdo para “facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense”, cuyos términos la administración Trump-Vance intentó mantener en secreto.
La divulgación de los pormenores del acuerdo reavivó el debate sobre las deportaciones exprés y los atropellos a los derechos de los migrantes. Democracy Forward alertó que el documento carece de cualquier cláusula que obligue a El Salvador a prevenir torturas, encarcelamientos indefinidos u otros vejámenes dentro del Cecot, un penal notorio por su historial de vulneraciones a los derechos humanos.
El desembolso del Departamento de Estado a El Salvador se concretó el pasado 22 de marzo, mismo día en que ya se impugnaba la legalidad de estas deportaciones en tribunales federales.
Cabe recordar que en febrero, cuando Bukele aludió parcialmente a este acuerdo carcelario con EE.UU., afirmó que la oferta de El Salvador era darle “la oportunidad” a Washington “de externalizar parte de su sistema penitenciario”.
El mandatario nunca mencionó que recibiría migrantes deportados, sino que aseguró que acogería “únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos)” en el Cecot, “a cambio de una tarifa” que calificó como “relativamente baja” para el gobierno de Trump, pero “significativa” para el suyo. (Texto y Foto: Cubadebate)
