Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Las Tunas, 21 feb.- La justicia en Las Tunas ha dictado sentencia en un caso de corrupción que afectó directamente el bolsillo de miles de familias tuneras.
En un juicio oral, público y con carácter ejemplarizante, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular encontró culpables a cinco individuos por el desvío de productos alimenticios destinados a la canasta básica y al consumo social en la provincia.
Los hechos juzgados tuvieron como escenario el almacén de la Unidad Empresarial de Base 639, perteneciente a la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas. Los acusados, aprovechando su posición laboral en ese centro, sustrajeron arroz, azúcar, chícharos y frijoles. Estos alimentos, en lugar de llegar a los hogares para los que estaban previstos, fueron desviados y comercializados de manera ilegal en el mercado informal.
El impacto social y económico del delito es considerable. Según quedó acreditado durante el proceso, más de 50 000 núcleos familiares se vieron perjudicados por esta acción. Además, el erario público sufrió un menoscabo cuantificado en 623 088,68 pesos cubanos, una cifra que evidencia la magnitud del daño causado al presupuesto del Estado.
Las pruebas presentadas y debatidas en el juicio resultaron determinantes para establecer la responsabilidad penal de todos los implicados. El tribunal calificó los hechos como constitutivos de un delito de malversación, tipificado en los apartados 1 y 2 del Artículo 297 del Código Penal. Como consecuencia, las penas impuestas a los cinco ciudadanos oscilan entre los 11 y los 13 años de privación de libertad.
A las sanciones principales se suman un conjunto de penas accesorias. Los sentenciados enfrentan la privación de derechos públicos, la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, cargo u oficio, y la prohibición de salir del territorio nacional. Adicionalmente, se estableció la correspondiente responsabilidad civil, que los obliga a resarcir el perjuicio económico ocasionado.
Fuentes judiciales confirmaron que durante toda la tramitación del expediente, así como en la celebración del juicio oral, se observaron estrictamente las garantías procesales. El debido proceso, consagrado tanto en la Constitución cubana como en la Ley del Proceso Penal, fue respetado en cada una de sus fases.
La vía judicial aún no está agotada para los implicados. Tanto los sancionados como la representación de la Fiscalía tienen la facultad de presentar un recurso de casación ante instancias superiores, con el objetivo de impugnar el fallo emitido por el tribunal provincial. (Texto y Foto: Periódico 26)
