Camagüey, 11 ago.- Desplegar un control efectivo sobre los precios sin caer en la rigidez burocrática y al mismo tiempo educar a los nuevos actores económicos que aún navegan en las complejidades del mercado, es el delicado equilibrio que intenta alcanzar el ejercicio multidisciplinario de inspección que desde este lunes se realiza en la provincia.
La dinámica, según explicó Sandro Montalbán Suárez, dirigente del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, es un proyecto en construcción. «Es un ejercicio nuevo, todavía estamos en el proyecto de ir aprendiendo». Se trata de una estrategia de concientización dirigida a propietarios de puntos de venta, restaurantes, mipymes y demás formas de gestión privada y estatal del territorio, con el objetivo de mediar en el conflicto de los precios elevados.
Desde el 10 de agosto y hasta el 15 de septiembre el Consejo de la Administración Municipal, el Partido y el Gobierno local programan la visita a entre uno y tres establecimientos, en grupos de trabajo integrados por un funcionarios, inspectores, especialistas de Comercio, Supervisión y el Órgano de Trabajo, entre otros.
En las inspecciones se revisa la elaboración de los precios, la ficha de costo y los vales de compra. El precio topado no existe. Lo que está regulado es el margen de ganancia, cuyo límite permitido es de un máximo del 30% sobre el costo real del producto.
Durante los primeros dos días el ejercicio llegó a varios puntos comerciales de la ciudad, entre ellos el Almacén de Carpintería en Blanco (Kanga), el Mercado de Primera, el Bar Restaurante 500K, el proyecto de desarrollo local Reparador de Sueños y los puntos de venta Piedra Aurora y Alejandría. La Mipyme Alejandría se encontró cerrada a la hora de la visita.
Entre los aspectos revisados en los locales abiertos destacaron la elaboración de los alimentos y las condiciones higiénicas de los puntos de venta, el cumplimiento de los precios minoristas en consonancia con las transformaciones económicas, el uso de canales electrónicos, el control de cuentas bancarias y la verificación de que los trabajadores estén aptos para la labor y cumplan con las medidas sanitarias.
Ante las deficiencias se aplicaron multas en los casos que ameritaron sanción y se otorgó un plazo de 48 a 72 horas para que los responsables solventen las irregularidades encontradas.
En el caso de los locales cerrados el procedimiento está estandarizado. A través de un puesto de mando en el Consejo de la Administración y una línea telefónica habilitada los inspectores reportan la incidencia. Desde allí se orienta si deben esperar, contactar al titular o activar los mecanismos para la apertura del local.
No se trata solo de aplicar el Decreto sino de actuar de forma preventiva. Los inspectores reconocen que «muchos de estos actores económicos no tienen la capacidad o no tienen la preparación para ejercer el oficio como tal». Esa carencia, admiten, motiva indisciplinas que podrían evitarse con una mayor cultura económica y jurídica.
Por eso el seguimiento es tan importante como la inspección inicial, se prevé regresar a cada local cada dos o tres días para revisar el cumplimiento de las acciones orientadas. «No solamente es aplicar el decreto, también es una forma preventiva de que la gente se sienta segura», argumentan.
Las inspecciones continuarán desplegadas en todos los territorios. Las autoridades insisten en que la transparencia y el control popular son las principales armas contra la especulación. (Texto y fotos: Ana Laura Camacho La Rosa/Radio Cadena Agramonte)
