Los acontecimientos vinculados con el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, regresaron hoy como vieja justificación de Estados Unidos para emprender nuevas agresiones contra Cuba.
Un escenario, en forma de jurado estadounidense, fue montado este miércoles en la ciudad de Miami, para hacer pública una acusación contra el líder de la Revolución Raúl Castro por la muerte de los cuatro tripulantes que viajaban en las aeronaves piratas.
Los hechos demostraron entonces que ese día, entre las 15:21 y las 15:28, hora local, la Fuerza Aérea cubana derribó dos aviones tipo Cessna, procedentes del aeropuerto de Opalocka, en el estado de la Florida, mientras violaban el espacio aéreo cubano, a distancias entre cinco y ocho millas al norte de playa Baracoa, al oeste de La Habana.
Antes, entre las 10:15 y las 11:27 horas, se había reportado también la penetración en el espacio aéreo y marítimo cubano de tres aviones del mismo tipo.
En esa ocasión, una nave de la Fuerza Aérea se dirigió al lugar logrando impedir con su presencia que continuara la violación, obligando a retirarse a los aviones piratas.
Antes de los hechos del 24 de febrero de 1996, tales acciones se registraron infinidad de veces, pese a las reiteradas advertencias del Gobierno cubano de que no continuarían siendo toleradas.
El 13 de julio de 1995 y los días 9 y 13 de enero de 1996, se reportaron incursiones en el espacio aéreo de Cuba por grupos contrarrevolucionarios de origen cubano asentados en territorio estadounidense, durante las cuales fueron lanzadas octavillas de carácter subversivo en las inmediaciones de La Habana.
Las autoridades de la isla caribeña alertaron a tiempo sobre la gravedad de los sucesos y las consecuencias que de ello podrían derivarse.
En nota oficial publicada el 15 de enero de 1996, en el periódico Trabajadores se advertía al final: «A los transgresores podemos decirles que Cuba tiene los medios necesarios para garantizar la integridad de su territorio nacional, así como para interrumpir vuelos no autorizados en su espacio aéreo, por lo que los violadores deben estar igualmente dispuestos para enfrentar las consecuencias».
Del mismo modo, La Habana informó al Gobierno de Estados Unidos en varias oportunidades sobre las acciones de igual naturaleza violatoria que se estaban cometiendo.
Con el propósito de agotar todos los recursos disuasivos que pudieran evitar este tipo de hechos, las autoridades aeronáuticas de Cuba, adicionalmente, se dirigieron en dos oportunidades, de forma oficial, a los directivos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para poner en su conocimiento los peligros que para la navegación aérea entrañan tales vuelos no autorizados en el espacio aéreo cubano.
Luego de agotar el recurso de las advertencias y de adoptar una actitud extremadamente cauta ante las repetidas declaraciones y acciones agresivas de los grupos terroristas de origen cubano radicados en Estados Unidos, el Gobierno cubano decidió interrumpir la continuidad de los vuelos que transgredían la soberanía de Cuba y ponían en peligro la vida de sus ciudadanos.
El Gobierno de Cuba declaró entonces y lo sostiene, que la responsabilidad por las medidas tomadas en aras de preservar su sagrado e irrenunciable deber de defender la soberanía nacional, recae sobre quienes en repetidas ocasiones desoyeron las advertencias formuladas y persistieron en sus irresponsables aventuras.
También lamentó que se registraran pérdidas humanas debido a las irresponsables y criminales agresiones contra Cuba.
HERMANOS AL RESCATE FUE TOLERAD0 Y APOYADO
Durante los últimos 20 meses antes del derribo de las avionetas, 25 naves procedentes de Estados Unidos violaron el espacio aéreo cubano, hechos que fueron comunicados por el gobierno de la isla a la Sección de Intereses de Washington en La Habana.
Por aquellos días, la investigación en curso (FAR 91,703) que realizaba la Administración Federal de Aviación sobre José Basulto (cabecilla de Hermanos al Rescate), lo acusaba de violar las leyes del país por pilotear un avión con matrícula norteamericana dentro de un país extranjero sin cumplir con las normas de esa nación.
Se le imputaba también el haber piloteado un avión de manera negligente o temeraria poniendo en peligro la vida o propiedad ajenas.
Las grabaciones divulgadas por la prensa estadounidense mostraron que el gobierno de ese país monitoreaba de forma total y permanente las provocaciones y violaciones contra el territorio cubano y, por consiguiente, las toleraba y apoyaba.
Según los resultados de la investigación, Hermanos al Rescate se dedicó en aquellos meses a subvertir el orden constitucional cubano. Además, su cabecilla y participante en los sucesos del 24 de febrero de 1996, reconoció públicamente su contribución financiera con organizaciones contrarrevolucionarias que operan en Cuba.
En más de una ocasión, Hermanos al Rescate manifestó que uno de sus propósitos era obstaculizar el cumplimiento de los acuerdos migratorios firmados entre Estados Unidos y Cuba en septiembre de 1994.
Precisamente, esa organización estaba comprometida desde hacía cinco años en el tráfico ilegal de inmigrantes, lo cual atentaba contra las leyes de los dos países.
LEY DE NEUTRALIDAD DE ESTADOS UNIDOS
Por la «Ley de Neutralidad de los Estados Unidos de América», de 1794, se declara crimen federal el organizar o iniciar en el territorio de EE.UU. una expedición hostil contra otro país con el cual esa nación se encuentre en paz.
Se consideran violaciones de esa Ley no sólo la realización de expediciones punitivas, sino también la ejecución con esos fines de acciones de reclutamiento de hombres, su entrenamiento, la recolección de dinero, ropas, provisiones, y el suministro de medios de transporte y armas.
Un individuo, o grupo de personas, incurre en la violación de esa Ley, aun cuando la expedición militar o empresa bélica en la que esté involucrado nunca llegue a materializarse.
Se ha entendido como violación de la Ley, incluso, el simple hecho de que individuos se hayan reunido para conspirar de palabras -sin ejecutar las acciones anteriormente descritas con el objetivo último de organizar una empresa bélica contra otro país.
Según el Acta, el Presidente no está facultado para autorizar a personas o instituciones a violar la ley, ni puede permitir que, con su conocimiento, un individuo o grupo de ellos haga lo que esta prohíbe.
El diario Los Angeles Times, del 28 de febrero de 1996, publicó que «en años recientes las autoridades norteamericanas han archivado casos en los cuales grupos de exiliados cubanos han acumulado armas, conducido misiones espías privadas, planeado y en algunas ocasiones consumado-sabotajes en la Isla y generalmente ignorando la Ley de Neutralidad norteamericana que prohíbe acciones militares de civiles contra países con los cuales Estados Unidos no está en guerra».
Y continuó diciendo: «Pero las persecuciones han sido poco frecuentes y las condenas menos frecuentes aún. Los funcionarios norteamericanos confiesan que es casi imposible convencer al jurado para que castigue las acciones anti-Castro». (Fuente: Prensa Latina)
