Concluyen en Nueva York las conversaciones sobre temas migratorios entre delegaciones de Cuba y los Estados Unidos iniciadas el día 1, y se adoptó un nuevo acuerdo dirigido a tomar medidas para asegurar que la migración entre los dos países sea segura, legal y ordenada. En el Comunicado Conjunto emitido, el Gobierno de los Estados Unidos se compromete a que los emigrantes ilegales rescatados en el mar que intenten ingresar en ese país no podrán hacerlo, «sino que serán llevados a instalaciones de refugio fuera de los Estados Unidos». La República de Cuba, por su parte, tomará medidas para «impedir las salidas inseguras, usando fundamentalmente métodos persuasivos». Ambos Gobiernos se comprometieron «a tomar acciones oportunas y efectivas para impedir el transporte ilícito de personas con destino a los Estados Unidos» así como a «oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de toda persona que intente llegar o que llegue a los Estados Unidos desde Cuba mediante el desvío forzoso de aeronaves y embarcaciones». La parte norteamericana aseguró que la migración legal total a los Estados Unidos desde Cuba «será de un mínimo de 20 mil cubanos cada año, sin contar a los parientes inmediatos de ciudadanos norteamericanos». Durante estas negociaciones se acordó «seguir conversando sobre la devolución de ciudadanos cubanos excluibles de los Estados Unidos» y se decidió realizar, a más tardar en 45 días, una próxima reunión para evaluar la puesta en vigor de las medidas tomadas. Tras la aprobación de los acuerdos migratorios de 1994, varios congresistas norteamericanos impulsaron la eliminación de la Ley de Ajuste Cubano, pero el reaccionario lobby de la contrarrevolución en el Congreso logró mantener la absurda legislación, en franca connivencia con la Casa Blanca; para ello habilitaron las definiciones de «pies secos y pies mojados», establecidas con el fin de respaldar a todos los que lleguen a territorio estadounidense desde la Isla, sin reparar en la legalidad de la vía empleada para hacerlo.