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EE.UU, 30 jul.- El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes que revocará la base establecida en 2009 para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Tras un fallo de la Corte Suprema, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) dictaminó durante el primer mandato del expresidente demócrata Barack Obama que los gases de efecto invernadero son peligrosos para la salud pública y, por lo tanto, podía regular sus emisiones bajo una normativa de 1970, la Ley de Aire Limpio.
Desde que Trump, un defensor de los combustibles fósiles y escéptico del calentamiento global, regresó a la Casa Blanca, las autoridades federales han cambiado de rumbo en política climática.
El anuncio del martes, el último de una larga lista, aún debe pasar por una fase de consulta pública de 45 días.
“De concretarse, el anuncio de hoy constituiría la mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos”, declaró el director de la EPA, Lee Zeldin, en un acto celebrado en un concesionario de automóviles en el norte de Estados Unidos.
Zeldin acusa a la EPA de haber llegado en 2009 a conclusiones apresuradas, sobre las que existe un gran consenso científico, pero que según él causaron daños importantes a la economía estadounidense.
“Los conservadores aman el medio ambiente, quieren ser buenos administradores del medio ambiente”, pero “hay personas que (...) están dispuestas a llevar al país a la bancarrota en nombre de la justicia ambiental”, dijo Zeldin este martes en el pódcast de derecha Ruthless.
El sector del transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Según un análisis reciente de la ONG Consejo de defensa de los recursos naturales (NRDC), si fuera un país, el sector de transporte estadounidense sería el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y el energético, el quinto.
La decisión de 2009, llamada Declaración de Peligro, ha sobrevivido a múltiples desafíos legales por parte de la industria a lo largo de los años, explicó a la AFP Dan Becker, del Centro para la Diversidad Biológica.
“Pero esta vez, es el propio Gobierno el que lanza el ataque”, dijo.
Es previsible que los grupos ecologistas y los estados lleven el caso ante la justicia para una batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema, “un tribunal muy politizado”, estimó Becker. (Texto y Foto: Cubadebate)
