La Habana, 17 oct.- La atención prioritaria que concede la máxima dirección del país a la labor preventiva y de acompañamiento al sector social quedó patente durante la reunión de la Comisión Nacional de Políticas Sociales.
En la apertura del encuentro, Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República, insistió en las gestiones que se deben establecer desde las bases para que la propia comunidad identifique las vulnerabilidades y la forma de darles respuesta.
Señaló que ese trabajo cobra especial relevancia en un momento que se contabiliza al cierre de agosto un entorno de más 883 mil personas en situación de vulnerabilidad, con un ligero incremento con respecto al mes de abril, y cómo son capaces en cada lugar de brindarles la atención particularizada a los casos que tengan contemplados.
De esta manera, Martínez Díaz indicó mantener actualizados los listados, tarea que demanda la mayor sensibilidad y humanismo pues se trata de personas y no de números, y los planes de acción para proceder ante diferentes problemáticas sociales como la explotación infantil, el consumo de drogas y la violencia, entre otros flagelos que erosionan la comunidad.
El representante del Gobierno cubano enfatizó además en la implicación social que deben tener las empresas y los nuevos actores económicos y el aprovechamiento de nuevas iniciativas como la Red Juvenil Comunitaria y otros proyectos sociales para articular un sistema articulado que permita dar respuesta a las situaciones que se origen en cada lugar con sus capacidades endógenas.
Recalcó que todo este esfuerzo desplegado para darles seguimiento a las Políticas Sociales en el país será posible solo a partir del control y seguimiento a cada una de las tareas, con responsables específicos que deberán responder por su cumplimiento y las gestiones que hagan o dejen de hacer por su solución.
En uno de los puntos del espacio, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República, procedió a presentar los avances y desafíos que afronta el país para la implementación de un programa de Servicios para la Atención Integral e Integrada a las Víctimas de la Violencia de Género en el país.
Explicó que ese programa se impulsa en 20 municipios del territorio nacional, en diferentes fases en cuanto a condiciones y capacidades para acometer la tarea, y pretende brindar un canal directo, gratuito y confidencial para la protección de mujeres ante estás situaciones.
De igual manera, precisó, existen las condiciones para fijar en un sitio físico está asistencia en cinco de los municipios, los cuales son Boyeros, Matanzas, Santa Clara, Bayamo y Bartolomé Masó, donde se constituirán lo que se proyecta llamar Casas Naranja.
Sobre este punto, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), ahondó que la idea sería juntar en un mismo espacio a todas las instancias que intervienen ante un proceso de violencia, evitando así la revictimización de las personas y la pérdida de tiempo, de manera que se puedan tomar de manera inmediata las decisiones pertinentes para la protección de quién acude a la institucionalidad.
En otro de los puntos se reiteró el desconocimiento por parte de sectores de la población de las condiciones y procederes que configuran escenarios de vulnerabilidad y a qué sitios dirigirse, para lo cual se propuso poner especial énfasis en las acciones comunicativas, entendida también como las estructuras que hacen llegar a los consejos de administración y a los presidentes de consejos populares las situaciones que se pueden presentar en cada sitio.
Completaron el orden del día las rendiciones de cuentas del Consejo Popular Vedado, en el municipio de Plaza de la Revolución, y del fortalecimiento del sistema de Salud Pública en la capital, apartados en los cuales, aunque se evidenciaron avances, falta aún mucho por lograr, aunque se atisban buenas experiencias al respecto que deben guiar el trabajo a futuro.
Acompañó mediante videoconferencia la reunión Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los grupos de trabajo en las provincias entre otras autoridades del Partido y el Gobierno. (Texto y Foto: ACN)
