Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Por Jorge Wejebe Cobo/ ACN
Por indicaciones del Comandante Ernesto Che Guevara, presidente del Banco Nacional de Cuba, fue elaborada y propuesta la Ley No. 891 referida a la nacionalización de los Bancos, aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de octubre de 1960, “con el objetivo de liquidar definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiraban contra el pueblo” y para garantizar que la función bancaria solo la realizara el Estado como única forma de ejercer la soberanía económica de la nación.
El texto de la legislación recogía una valoración histórica del papel de la banca estadounidense: “Uno de los instrumentos más eficaces de la intromisión imperialista en nuestro desarrollo histórico ha estado representado por el funcionamiento de los bancos comerciales norteamericanos, los cuales han servido de vehículo financiero para facilitar la actuación monopolista de las empresas norteamericanas en Cuba y para la invasión masiva del país por el capital imperialista (…)”.
En octubre de 1960 funcionaban en la Isla bancos estadounidenses y privados relacionados con los intereses yanquis, que durante la etapa prerrevolucionaria desempeñaron un rol esencial en la corrupción del aparato estatal, con el robo de la riqueza nacional promovida por los gobiernos de turno, los cuales facilitaron la evasión de los impuestos y aranceles.
Ese binomio de financieras del país del Norte, junto a los lacayos internos como remanentes de la estructura de poder neocolonial, conformó un importante baluarte para los primeros planes y acciones agresivas que se orquestaban en Washington contra el territorio antillano.
La ley afectó a cinco instituciones crediticias paraestatales y 44 bancos privados, de ellos seis foráneos, y declaró como único continuador de todas esas instituciones privadas al Banco Nacional de Cuba.
También mediante otro decreto ley, el 382, se aplicó igual disposición a grandes compañías propiedad de los burgueses, entre ellas 105 centrales azucareros, 37 bancos; así como sus 300 oficinas que se extendían por todo el archipiélago. En la legislación, además, se determinó la expropiación forzosa de 382 empresas, incluyendo los ya mencionados 105 centrales azucareros; 18 destilerías, empresas de bebidas alcohólicas, constructoras, de transporte y alimenticias, entre otras.
Esa nacionalización del sector empresarial privado, completada con igual proceder en el sistema bancario, propinó un decisivo golpe a los sectores internos aliados a los planes imperialistas contra el país, que en aquel lejano 1960 querían reinstaurar la república neocolonial, al tiempo que abrió el camino a los profundos y definitivos cambios económicos y sociales de la Revolución.
Las campañas mediáticas, enemigas históricamente, han presentado estas primeras expropiaciones como hechos desproporcionados e injustificados de Cuba contra los intereses yanquis y como las causas que provocaron, desde el principio, el deterioro y rompimiento de las relaciones entra ambas naciones al no tener Washington más remedio que defender sus intereses vulnerados.
Sin embargo, más de seis meses antes de la promulgación de esas leyes, el 16 de marzo de ese mismo año el presidente Dwight D. Eisenhower aprobó el primer “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”, que incluía operaciones de inteligencia, bloqueo económico, aislamiento internacional, planes terroristas, de subversión, de propaganda y finalmente agresión directa para acabar con la Revolución cubana.
También en dicho programa se revelaba la utilización de los hombres de negocios estadounidenses con empresas en Cuba para sufragar y servir de cobertura a las actividades de la CIA para apoyar a la contrarrevolución interna.
Aunque antes de la aprobación por Eisenhower de dicho plan, en la práctica se aplicaba en toda su magnitud en sabotajes en las ciudades, quema de caña, alzamientos, atentados terroristas como el ocurrido el 4 de marzo con la voladura del Vapor La Coubre que traía armas y municiones adquiridas por La Habana en Bélgica, lo que fue interpretado por la dirección cubana como “un preludio de las agresiones”.
Han transcurrido 62 años de esas medidas, pero más allá del importante significado legal la historia demostró que resultaron, además, acciones en defensa de la nación contra el inicio de la más extendida guerra económica librada por el imperialismo norteamericano contra un país. (Foto: ACN)
