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EE.UU, 9 sep.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes a favor de la Administración Trump y concluyó que los agentes de inmigración pueden detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, suspendiendo así una orden temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal estadounidense se puso del lado del Gobierno de Donald Trump, que apeló el fallo de un juez federal que detuvo temporalmente en julio pasado las redadas migratorias en Los Ángeles, basadas simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan o el trabajo que realizan.
La decisión del Supremo anula una orden que prohibía a los agentes detener a las personas basándose únicamente en la raza o el origen étnico, el idioma, la ubicación o el empleo, ya sea solos o en combinación.
Esto podría significar un regreso a los arrestos indiscriminados en lugares de trabajo como tiendas de mejoras para el hogar, lavados de autos, empresas manufactureras y otros lugares.
El dictamen es un duro revés para los inmigrantes del sur de California afectados por las redadas masivas.
“Cuando ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés] me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia; es racismo con placa”, dijo en un comunicado Pedro Vásquez Perdomo, el inmigrante que encabeza la querella judicial contra la Casa Blanca.
La decisión del Supremo bloquea la orden de la jueza Maame Frimpong, del Distrito Central de California, que en julio pasado prohibió temporalmente las redadas migratorias indiscriminadas en la zona metropolitana de Los Ángeles y otros dos condados, y que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.
La decisión de la magistrada respondió a una demanda presentada por inmigrantes y ciudadanos estadounidenses afectados por las redadas junto a organizaciones defensoras de derechos humanos, que denunciaron que en los operativos masivos iniciados el pasado 6 de enero se han cometido múltiples violaciones constitucionales y discriminación racial.
Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Brett M. Kavanaugh escribió en el fallo de este lunes que la ley federal establece que las detenciones migratorias basadas en sospechas razonables de presencia ilegal “han sido un componente importante de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos durante décadas”, a lo largo de varias Administraciones presidenciales.
La jueza de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor escribió en nombre de los tres miembros liberales de la Corte Suprema que votaron en contra, que “innumerables personas” en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o trabajo, por lo que la decisión de hoy del Tribunal refleja un “grave abuso” en los fallos de emergencia.
La jueza Sonia Sotomayor calificó la decisión como “otro grave mal uso de nuestro expediente de emergencia”.
“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede confiscar a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo de bajo salario. En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento”, declaró.
Mark Rosenbaum, asesor legal de Public Counsel y uno de los abogados demandantes, explicó que la decisión permite a la Administración Trump “reanudar las redadas racialmente discriminatorias en Los Ángeles”, otorgando a los agentes federales la facultad de detener a personas sin pruebas ni el debido proceso, simplemente por el color de piel, el idioma que hablan o el trabajo que desempeñan.
Por su parte, Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que también hace parte en la demanda, advirtió que el fallo de la Corte pone “en mayor peligro” a los trabajadores agrícolas y a todo californiano que parezca o suene como si pudiera ser inmigrante.
El director ejecutivo del Centro de Política de Inmigración de California, Masih Fouladi, dijo que “no hay nada justo en el fallo de la Corte Suprema de hoy”.
Fouladi afirmó que “la historia recordará este momento. Cuando se permite que las agencias federales operen como una fuerza policial secreta, deteniendo, arrestando y deteniendo a personas por motivos de raza, idioma u ocupación, los derechos constitucionales de todas las personas están en riesgo. Los estadounidenses de todos los orígenes deben exigir responsabilidades al Congreso y denunciar estos ataques”.
Como grupo de derechos de los inmigrantes con sede en Los Ángeles, el Centro de Política de Inmigración señaló que ha sido “testigo de primera mano del terror que las redadas de inmigración masivas e itinerantes han desatado en nuestras comunidades. Miles de familias han sido destrozadas”.
“Niños, trabajadores, padres, residentes permanentes, ciudadanos estadounidenses, veteranos y líderes sindicales han sido atacados, atacados y detenidos por agentes federales armados y no identificables. Personas de todos los orígenes ahora viven con el temor de simplemente ir a trabajar, dejar a sus hijos en la escuela, comprar comestibles o buscar atención médica o servicios de emergencia.
“Las redadas de inmigración militarizadas no nos hacen más seguros: apuntan y ponen en peligro a las personas en función de su origen étnico o raza, idioma u ocupación”, dijo el director ejecutivo del Centro de Política de Inmigración de California, Masih Fouladi, en una declaración.
La alcaldesa de Los Ángeles, una de las más fuertes opositoras a la campaña de la Administración Trump, declaró que que el fallo del tribunal superior “no es solo un ataque a la gente de Los Ángeles, es un ataque a todas las personas en todas las ciudades de este país”.
“Hoy, el tribunal más alto del país dictaminó que la Casa Blanca y los agentes federales enmascarados pueden perfilar racialmente a los angelinos sin el debido proceso, arrebatarlos de la calle sin evidencia ni orden judicial, y llevárselos sin explicación”, dijo Bass en un comunicado.
Advirtió de que “esta decisión llevará a que más familias trabajadoras se separen y teman a las mismas instituciones destinadas a proteger, no perseguir, a nuestra gente”.
Y agregó: “Permítanme ser clara: no permitiremos que la Casa Blanca ni la Corte Suprema nos dividan. Y a todos los angelinos, nunca dejaré de luchar por sus derechos, su dignidad y su seguridad, a pesar de los esfuerzos de esta Administración para amenazarlos. Nos mantendremos unidos”.
La decisión del máximo tribunal estadounidense es una victoria significativa para la Casa Blanca, que impulsa su política de deportaciones masivas y había puesto como uno de sus principales objetivos Los Ángeles, y puede crear un precedente para operativos en grandes ciudades con gran concentración de inmigrantes.
Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump. (Texto y Foto: Cubadebate)
