Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Quito, 2 oct.- Las protestas que comenzaron el 22 de septiembre en Ecuador han dejado hasta el momento 143 casos de vulneraciones de derechos humanos, 63 detenciones, 92 heridos, 11 personas “desaparecidas temporalmente” y un fallecido, el líder indígena Efraín Fuerez, de 46 años, reconocido por su labor comunitaria en Mingas. Fuerez murió baleado el 28 de septiembre en la región de Imbabura durante un operativo militar contra manifestantes.
El conteo de agresiones ha sido documentado por la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, integrada por 14 organizaciones que surgieron tras el paro nacional de 2019. En su más reciente boletín, la entidad responsabilizó al Estado por la espiral de violencia y advirtió que “persiste el riesgo para quienes se manifiestan en las calles, quienes realizan coberturas comunicacionales y quienes hacen asistencia humanitaria y monitoreo de derechos humanos”.
Según la organización, el 70% de las violaciones documentadas han sido cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con más de la mitad de los incidentes concentrados en Imbabura. Quito y Cotopaxi registran también cifras elevadas, con 30 y 10 casos respectivamente.
En paralelo, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) denunció una “represión armada desproporcionada” y detenciones arbitrarias durante la noche del 30 de septiembre. La agrupación aseguró que un grupo de comuneros desarmados —entre ellos mujeres y adultos mayores— fue interceptado violentamente y que seis personas resultaron detenidas, una de ellas con lesiones graves en el rostro y la cabeza.
El Gobierno, por su parte, reportó 12 militares heridos y 17 retenidos por los manifestantes, todos liberados posteriormente, aunque varios presentaban fracturas, contusiones y quemaduras. Dos agentes policiales también fueron retenidos este miércoles en Chimborazo, mientras realizaban labores de reapertura de una carretera.
La crisis ha provocado pronunciamientos internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por los hechos y llamó al respeto del derecho a la protesta pacífica. En el ámbito interno, la Asamblea Nacional ha iniciado investigaciones, aunque dividida entre dos comisiones que se disputan la competencia sobre el control a la Fuerza Pública.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, calificó la muerte de Fuerez como un “crimen de Estado” y ratificó la continuidad de las movilizaciones. En contraste, la Federación de Pueblos Kichwa de la Sierra Norte anunció una “tregua temporal” como gesto de buena fe para facilitar un eventual diálogo con el Ejecutivo, aunque aclaró que “la resistencia sigue firme en las calles”.
La situación ha tenido un fuerte impacto también en la prensa. Fundamedios y la Alianza por los DD. HH. han contabilizado nueve ataques a la libertad de expresión, entre ellos el lanzamiento de gases, agresiones físicas y detenciones arbitrarias a periodistas, además de la hostilidad de algunos grupos de manifestantes. Equipos de Radio Pichincha y Associated Press denunciaron daños a sus vehículos y agresiones durante coberturas en Quito.
En un gesto inusual, un grupo de militares pidió perdón públicamente por la muerte de Fuerez en Cotacachi, encendiendo velas en el sitio de su fallecimiento y compartiendo un minuto de silencio con la población local.
La tensión en Ecuador persiste tras más de una semana de manifestaciones que han dejado un saldo creciente de víctimas y un escenario político marcado por la confrontación entre el Gobierno, las organizaciones indígenas y sociales, y los reclamos internacionales por el respeto a los derechos humanos. (Texto y Foto: Cubadebate)
