Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Argentina, 23 nov. El presidente argentino, Javier Milei, amparado momentáneamente por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Donald Trump (a pesar de la reticencia de los bancos norteamericanos), hace alardes sobre lo que califica política monetaria libertaria amparada en el sector privado, con logros inobjetables en los primeros 20 meses de su presidencia, como la baja a la inflación y el déficit, pero con un precio alto para los bolsillos de muchos.
Por esto su popularidad sigue cayendo, aunque ha logrado recientes triunfos en lo que corresponde al fortalecimiento de su partido en recientes comicios, ante el inmovilismo de sus adversarios.
La mala política anterior de los gobiernos derechista de Macri y peronista de Alberto Fernández le ha dado oportunidad para exhibir algunos logros que favorecen a quienes más tienen, aunque hipócritamente afirma -en medio de acusaciones sobre corruptela- que “mi trabajo es hacer el bien, aunque digan que soy cruel".
La consultora Trespuntozero destacó que la popularidad de Milei cayó casi 4 puntos porcentuales al 44% en agosto, todavía alto para un régimen que aprovecha la inercia opositora, que incluye un peronismo con fisuras y egos de liderazgo.
Uno de los grandes triunfos de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, fue bajar la inflación, que alcanzaba niveles de tres dígitos al final de la presidencia de su predecesor, el peronista Alberto Fernández.
En los primeros siete meses del año, la inflación fue de 17,3%, muy por debajo del 87% del mismo periodo del 2024.
Milei, un economista ultraliberal, asumió en diciembre del 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal que incluyó despidos en el sector público, la paralización de obras públicas y la reducción de ministerios. De esa manera, el gobierno celebró en el 2024 un 118% de inflación anual frente al 211% del 2023, y el primer superávit fiscal desde el 2010.
Sin embargo el costo fue una pérdida de poder adquisitivo, empleo y consumo en la población argentina, lo que derivó en protestas y huelgas.
“Milei lo logró reduciendo los gastos en 30% al recortar subsidios en el sector energético. Obviamente, eso tuvo un impacto inmediato en los hogares argentinos, que ahora deben gastar más tanto en energía como en sus compras de supermercado”, explicó Hans-Dieter Holtzmann, director de proyecto de la Fundación para la Libertad Friedrich Naumann.
Durante su campaña a la presidencia, Javier Milei criticó con dureza las acciones del Banco Central Argentino e incluso llegó a prometer que eliminaría a este ente regulador al llegar a la presidencia. Sin embargo, ha aprovechado las herramientas que este le brinda para lograr su principal promesa: bajar la inflación.
El Gobierno invirtió apenas 4,2 millones de dólares en obras de integración sociourbana en lo que va del año. Un trabajo de Fundar sugiere un ambicioso plan de urbanización para los próximos 12 años, aunque enfrenta desafíos para el financiamiento.
Milei dejó librado al abandono a más de cinco millones de habitantes que residen en los 6 467 barrios populares del país: en lo que va del año, la administración libertaria invirtió apenas 4,2 millones de dólares para financiar obras de integración sociourbana, el 0,2% de la inversión anual requerida.
En fin, la motosierra contra los más pobres: mil obras paralizadas en barrios populares y 25 000 despidos.
Los datos se desprenden del trabajo “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, elaborado por el think thank Fundar y la ONG TECHO, que advirtieron que, si bien el financiamiento a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente, el derrumbe se agravó tras la llegada de Milei al poder, con una “caída sostenida de la inversión pública” que se agudizó más en el último año.
Existe un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la agenda de integración, ya que el trabajo sugiere una inversión millonaria para resolver la brecha de infraestructura que supera los 27 000 millones de dólares, con un plazo de 12 años y un financiamiento anual de 2 250 millones.
“Sin inversión en integración sociourbana se condena a millones de personas y miles de familias a seguir viviendo en la exclusión. No se trata de viviendas, servicios o infraestructura, sino de reconocer a los barrios populares y las personas que viven ahí como parte fundamental de la Argentina”, aseguró a Página|12 el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra.
Nada parece más alejado en los planes del Gobierno de Milei que desarrollar un plan de urbanización sólido para los sectores populares.
De hecho, desde diciembre del 2023 se paralizaron miles de obras de integración sociourbana y se perdieron miles de empleos.
Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina hay 6 467 barrios populares: el 92% carece de conexión formal al agua potable, más del 98% no tiene gas natural; el 97% no tiene acceso formal a cloacas y el 66% tiene conexiones eléctricas irregulares o muy precarias.
Además, el 70% están expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como basurales, inundaciones o contaminación.
Pero detrás de las estadísticas se esconde el drama de más de cinco millones de personas que a diario enfrentan problemas en la vida cotidiana en los barrios populares: dificultades para tomar un baño caliente en invierno, hacinamiento, inseguridad y eventos climáticos extremos que golpean con más fuerza en villas y asentamientos humildes sin infraestructura adecuada para soportar olas de calor o tormentas, que además son cada vez más frecuentes.
Con la paralización de la obra pública el problema se agravó. Las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la ley 27 453, sancionada hace ocho años, que busca garantizar la integración sociourbana de los asentamientos a partir del 2016 como parte de la tarea del Renabap, una política pública impulsada durante el macrismo que se sostuvo y amplió durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora está paralizada.
De hecho, en el 2024 Milei redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), alegando supuestas “demoras y falencias” en las obras, aunque luego los propios funcionarios de la gestión libertaria indicaron que no hubo irregularidades. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impuso entonces un amparo para frenar esa decisión. Y si bien un fallo judicial ordenó garantizar el cumplimiento de las obras, aún están paralizadas. Milei fue un paso más allá y eliminó el FISU. (Texto: Arnaldo Musa/ Cubasí) (foto: Cubasí)
