La Habana, 29 abr.- Cuba reforzó los mecanismos para prevenir ilícitos financieros mediante la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, que fue publicada hoy en la Gaceta Oficial No.37.
La legislación establece un procedimiento actualizado para la atención, supervisión y control de la actividad de teneduría de libros, como parte del sistema nacional de prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Al explicar el alcance de la norma, que entra en vigor desde este miércoles, la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, precisó que se trata del perfeccionamiento de un procedimiento vigente desde 2020, señalan medios de prensa locales.
El mismo fue ampliado para incorporar nuevos actores económicos y reforzar las exigencias en correspondencia con estándares internacionales, en particular los asumidos por Cuba como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), creado para prevenir y combatir estos flagelos.
En Cuba se identifican más de 1300 tenedores de libros como trabajadores por cuenta propia, a los que se suman 146 mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas privadas) y siete cooperativas no agropecuarias que ejercen esa actividad, además de los Proyectos de Desarrollo Local incorporados en la nueva normativa.
La disposición responde a la necesidad de fortalecer el marco jurídico e institucional creado a partir del Decreto-Ley 317, que desde 2013 regula la prevención y enfrentamiento a estos delitos, y se inserta en las políticas públicas dirigidas a reducir ilegalidades, corrupción e indisciplinas sociales, como parte del Programa Económico Social del Gobierno.
La normativa también dispone la prohibición de prestar servicios a personas o entidades incluidas en listas nacionales o internacionales vinculadas al terrorismo y en correspondencia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la funcionaria la actualización del procedimiento fortalece la capacidad del país para identificar y mitigar riesgos, al tiempo que eleva la transparencia en la actividad económica y protege la integridad del sistema financiero.
La implementación de dicha resolución estará acompañada de un programa nacional de capacitación, con participación de los gobiernos locales, lo cual permitirá su aplicación uniforme y contribuirá a un mejor desempeño de los actores económicos en el cumplimiento de sus obligaciones. (Fuente: Prensa Latina)
