Aunque el primer paso para una reforma agraria se dio en plena guerra (1958, en la Sierra Maestra), la andadura hacia la solución del problema de la tierra en Cuba comenzó en 1953 con el alegato de Fidel Castro en el juicio por los sucesos del Moncada.
El joven abogado revolucionario esbozó en La Historia Me Absolverá, los principales problemas del país, entre ellos la injusticia prevaleciente en el sector agrícola.
Fidel Castro afirmó que el 30% de los granjeros no sabían escribir ni sus propios nombres, 85 de los pequeños agricultores pagaban renta y sufrían la amenaza perenne del desalojo cuando más de la mitad de las mejores tierras estaban en poder de compañías extranjeras y una gran proporción de la población era analfabeta.
Además de que 400 mil familias campesinas y de la ciudad vivían hacinadas y 90, de cada 100 niños del campo, eran devorados por los parásitos.
En una posterior versión de sus palabras improvisadas en aquel proceso judicial, el líder revolucionario detalló cinco leyes que cambiarían la situación de Cuba; a saber, restablecimiento de la Constitución de 1940, una reforma agraria, el derecho de los trabajadores industriales a recibir el 30% de los beneficios de su empresa, el de los azucareros de obtener 55 de los beneficios de la cosecha y la confiscación de bienes a culpables de fraude.
Una de esas aspiraciones, la Primera Ley de Reforma Agraria, se concretó el 17 de mayo de 1959 en el antiguo campamento guerrillero de La Plata, en la actual provincia oriental de Granma.
Su objetivo apuntaba a eliminar la situación de los explotados campesinos que hasta esa fecha estuvieron condenados a salir al camino real bajo acoso de la guardia rural.
Antes de la normativa, 80% de las mejores tierras las poseían un grupo de compañías estadounidenses que luego pasaron a ser granjas populares dentro de las cuales se organizó el sector agrícola con proyección hacia las necesidades nacionales.
La medida, anunciada por la máxima dirección revolucionaria, tuvo inmediato apoyo de la mayoría, pues confiscó todas las propiedades superiores a las 400 hectáreas y las entregó a miles de campesinos. Tiempo después fue reemplazada por una Segunda Ley de Reforma Agraria que redujo la extensión de las fincas a cinco caballerías por dueño, equivalente a unas 67 hectáreas por agricultor.
De golpe y porrazo desapareció el latifundio y la aparcería tras el fin de redistribuir las tierras en favor de los granjeros más pobres. De hecho, los latifundistas nacionales y extranjeros se alinearon contra cualquiera de las otras decisiones revolucionarias.
Se estima que fue la más trascendental de las medidas adoptadas por la Revolución en su primera etapa, en tanto que benefició a más de 100 mil familias campesinas y asestó un duro golpe al latifundismo, a la vez que anuló el derecho de las empresas e individuos foráneos a poseer tierras en Cuba, salvo aquellos que fueran pequeños agricultores.
También dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), el encargado de aplicar las medidas adoptadas y encabezado por el entonces primer ministro Fidel Castro. La Ley constaba de 15 por cuantos, 67 artículos, siete disposiciones transitorias y una disposición final. La última confería a la Ley de Reforma Agraria rango constitucional al declararla parte de la Ley Fundamental de la República. (ACN) (Foto: Tomada de Internet)