Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
Reino Unido, 9 sep.- Un nuevo grafiti del artista callejero británico Banksy apareció este lunes en una de las fachadas exteriores de los Royal Courts of Justice (Reales Tribunales de Justicia), en Londres, mostrando a un juez que golpea a un manifestante.
El grafiti apareció dos días después de la detención de cientos de manifestantes que apoyaban al grupo prohibido Acción Palestina.
Rápidamente ocultado tras unas vallas y vigilado por agentes de seguridad, el grafiti muestra a un juez, con la tradicional toga y peluca, levantando su mazo sobre un manifestante tumbado, de espaldas, cuya pancarta en blanco está manchada de sangre.
Banksy, célebre por sus grafitis en calles de distintas partes del mundo con mensajes políticos y provocadores, cuya identidad sigue siendo un misterio, reivindicó la autoría publicando una foto en su cuenta de Instagram.
La policía británica informó detuvo el sábado a casi 900 personas en una marcha celebrada en apoyo a Acción Palestina (Palestine Action), proscrita por el Gobierno británico en julio en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaran daños a dos aviones en junio.
Los organizadores de la protesta dijeron que entre los detenidos había sacerdotes, veteranos de guerra y trabajadores sanitarios, así como muchos ancianos y algunos discapacitados.
En total, más de 1 600 personas ya han sido arrestadas desde julio y 138 han sido inculpadas por apoyar o incitar al apoyo a una “organización terrorista”. Esas casi 200 personas deben ser juzgadas y la mayoría se enfrenta a penas de hasta seis meses de prisión.
Defend Our Juries (Defender a Nuestros Jurados), la organización detrás de estas manifestaciones, consideró el lunes que la nueva obra de Banksy retrata “la brutalidad del Estado contra los manifestantes que se oponen a la prohibición de Palestine Action”.
Aunque Banksy nunca hace comentarios sobre sus obras de arte, ha creado trabajos anteriores en apoyo de causas palestinas, incluidos murales en la barrera de separación de Cisjordania, concentrados en los alrededores de Belén.
El sistema penal y judicial británico ha sido objeto de ataques desde ambos lados del espectro político y los críticos afirman que el derecho a la protesta pacífica está amenazado.
Tras la acción de Palestine Action en junio, el primer ministro Keir Starmer exigió inmediatamente la prohibición de la entidad y su solicitud fue atendida pocos días después por el Parlamento británico, que incluyó al grupo en la lista de “organizaciones terroristas”.
Es la primera vez que un grupo de protesta de acción directa es procesado por este supuesto delito y la decisión tiene consecuencias de enorme alcance: ahora está prohibido mostrar cualquier tipo de apoyo al grupo, ni siquiera una camiseta con el logotipo será admitido por las autoridades, y menos ser miembro de la organización o financiarla.
El objetivo de la organización no solo es protestar por los derechos de los palestinos o promover el aislamiento de Israel y sus empresas, sino señalar en público la connivencia del Gobierno con Tel Aviv, con especial atención en la venta de armas.
Ha sido masivo el rechazo de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho, que ponen en tela de juicio que se pueda comparar a un grupo activista con terroristas de probada trayectoria.
Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk, la prohibición plantea serias preocupaciones sobre la aplicación de las leyes antiterroristas a actos que no constituyen terrorismo.
El responsable recordó que, según las normas internacionales, los actos terroristas deben limitarse a delitos penales destinados a causar la muerte o lesiones graves, o a la toma de rehenes, con el fin de intimidar a la población o coaccionar a un gobierno.
Hasta el momento, los activistas no han causado heridos y esa es una de las bases de su recurso a la medida de Starmer, Su apelación está prevista para noviembre
En una carta abierta publicada en el diario The Guardian, 52 académicos y escritores, como las filósofas Judith Butler y Angela Davis, instaron al Gobierno a revertir su postura. Entienden que su decisión es “un ataque tanto a todo el movimiento propalestino como a las libertades fundamentales de expresión, asociación, reunión y manifestación”. (Texto y Foto: Cubadebate)
