Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
EE.UU, 13 nov.- No es nada novedoso, ni siquiera debería ser noticia, la política del imperio estadounidense de procurar influir a favor de sus intereses, en los procesos electorales en Nuestra América.
Sin embargo hasta ahora, usualmente los funcionarios implicados habían negado estas prácticas y se inventaban cualquier tipo de pretexto, o maniobraban para manipular con sutileza la opinión pública al respecto.
Pero con la administración Trump, esta especie de doctrina se exhibe con absoluto descarado. Lo hace todo el tiempo el mandatario mismo con su habitual sincericidio, algo sustanciosamente abordado, también Mr. Rubio, mentiroso en su estado natural y si quedaba alguna duda, ahora están las declaraciones del secretario del tesoro, Mr. Scott Bessent, un cargo que no suele emplearse para hablar de estos temas.
Pues Bessent, en línea con Trump, explicó al ser interpelado que el propósito de ayudar a Argentina con 20 mil millones de usd, fue para colaborar con la reciente victoria electoral de Milei y de paso estimular una especie de efecto dominó, para otros convites electorales en la Región. En el marco de esta narrativa a Milei lo califican eufemísticamente de faro regional, impresionante.
Y es lógico, el estadounidense promedio que pudo interesarse por esta “ayuda” no entiende que se le de dinero a Milei habiendo tantas necesidades en EEUU, agravadas con el cierre del gobierno más largo de la historia. En la base trumpista la reacción de rechazo fue notable, visibilizada en medios de comunicación por algunos de sus líderes.
Tratando de explicar la cuadratura del círculo, el secretario del Tesoro amplió su disertación indicando que el dinero para salvar a Milei no fue un rescate, algo obvio, si no una especie de negocio según el cual EEUU ganará más de lo que ahora desembolsa.
Si en lo más recóndito de su laberíntica reflexión, el secretario Bessent quería dejar claro que no es intromisión sino ayuda a los amigos en el continente, hubiera sido mejor no exponer claramente que ni siquiera es cierto esto último, ayudar a Milei, sino un pingüe negocio financiero para el imperio, a costa del futuro de los argentinos.
Más allá de lo anecdótico de este asunto, lo relevante es como esto muestra descarnadamente la vigencia de lo que ahora denominan “doctrina Monroe económica”, es decir, imponer un candidato empleando la presión o la promesa de beneficio puntual, sobre el país objeto de esa manipulación. Para usar un término de “moda” en la administración Trump: conseguir “la paz a través de la fuerza económica”.
Esta suerte de chantaje económico, se expresa cuando Trump reflota sus absurdamente famosos aranceles, o amenaza que eliminará algún paquete de ayuda, o suprimirá determinados programas migratorios.
Por lo inminente del desenlace electoral viene al caso destacar los casos de Chile, donde celebran elecciones presidenciales el próximo domingo 16, y está en juego la continuidad de un gobierno de corte progresista o la situación electoral en Honduras, donde elegirán a una nueva mandataria el 30 de noviembre.
El secretario del Tesoro se acordó de Chile, visto no como un país independiente y soberano, sino como una fuente importante de minerales, como el litio (gestionan el 40% de la producción global), punto de partida de la disputa geopolítica de EEUU con China, que dicen sometió al actual gobierno chileno a un “acuerdo rapaz”, para garantizarse un control monopólico del mencionado mineral.
O sale José Antonio Kast, el candidato neofascista, el que reivindica a Pinochet el asesino, y promueve una reventa del país a las trasnacionales estadounidenses o Chile será sometido, como mínimo, a un sustancial incremento de los aranceles y otras sanciones sin ninguna justificación, al estilo Brasil, cuando Trump le subió al 50% los aranceles al país carioca por condenar a Bolsonaro.
En el caso de Honduras, también se abrió un diferendo con EEUU, cuando la actual mandataria decidió abrir relaciones plenas con la República Popular China, pero también por las posturas soberanas de su gobierno en la arena internacional.
La candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, está bajo la presión de que si ganan, algo merecido sin dudas, pues los 75,000 hondureños, que residen en EEUU bajo la sombrilla del TPS, serían deportados automáticamente, impactando en prácticamente toda la población, cuando el total de migrantes hondureños aportan no menos del 26 % del PBI en remesas. A lo anterior se sumarian otras sanciones.
Como cerrando este panorama emerge Colombia, donde se disputará el cambio de gobernante en mayo del 2026. Es ocioso mostrar el nivel de antipatía que el presidente Petro genera en la Casa Blanca; no solo por sus posturas progresistas sino porque aparece fuera de toda duda, como un obstáculo formidable para involucrar a su país en cualquier proyecto invasivo contra Venezuela.
La trayectoria del muy posible candidato de un oficialismo unificado, Iván Cepeda, seguramente tributa a la hostilidad de Washington, tomando en cuenta la trayectoria del ahora senador por el Pacto Histórico. Es como que los dolores de cabeza que provoca Petro en el secretario de Estado, Mr. Rubio se prolonguen al infinito, quizás se multipliquen.
Aunque en pretérito, asoma el caso de Ecuador que realizó elecciones (segunda vuelta) el pasado abril. El actual gobierno cuenta con el apoyo evidentemente interesado de Washington, tanto por razones estrictamente económicas como especialmente geopolíticas, al ser un país ubicado, casi en el centro de Suramérica.
Una evidencia de esto: ya se habla de reabrir la base militar estadounidense de Mantua, aquella que en un acto emancipatorio cerró oportunamente Correa en 2009, o incluso mancillar las virtudes arqueológicas y turísticas de la isla de Galápagos, con un vulgar asentamiento o base de us marines, listos para asaltar a sus vecinos. A cambio, la promesa desde Washington de exenciones arancelarias.
Resulta complicado precisar cuanto de intromisión hubo en Bolivia, donde errores propios y probablemente inducidos, terminó con dos décadas de gobiernos de izquierda, permitiendo el regreso de una derecha reciclada, hijos de papa según sus apellidos, que presumen de ser más derechistas que el mismísimo Trump, y proclaman el absurdo de que instalaran un “capitalismo para todos”.
En el contexto de este análisis no podían faltar las acostumbradas fechorías de los sospechosos habituales, los congresistas de origen cubano, representantes de la Florida. No únicamente por las toneladas de palabras digitales que generan sus ayudantes en redes sociales, con el característico sesgo anticubano y desde luego de ultraderecha, contra el progresismo y la izquierda al sur del Rio Bravo.
Es que la congresista Salazar, superándose a si misma, recién envió una carta al secretario Mr. Rubio despotricando del personal diplomático estadounidense en Guatemala. Si, como se lee; los enemigos de ocasión de la Salazar fueron el embajador Tobin Bradley y el consejero político Daniel Fennell, eventualmente nombrados durante el gobierno de Biden.
La señora Salazar, representante por el Estado de Florida, lugar donde se asegura que le piden la cabeza por abandonar a su suerte a sus electores bajo presión sistémica de la policía de migración, expresó su rechazo al apoyo del embajador Bradley a candidatos “liberales” (izquierda radical según el trumpismo) para una venidera reforma del ahora corrupto sistema judicial guatemalteco. Lo acusa de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala.
Pareciera un chiste, proviniendo de alguien de la mafia cubanoamericana, la misma que lleva la voz cantante en las amenazas contra el Partido Libre, de Honduras, por solo citar un ejemplo de país limítrofe con Guatemala. Y lo más insólito, hace pública la carta enviada a Mr. Rubio, arriba señalada, demostrando una vez aquello de que a confesión de parte relevo de pruebas.
En clima de lo absurdo, viene al caso revisar la propia legislación estadounidense, que establece categóricamente la prohibición de que otro país se inmiscuya en sus procesos electorales.
Por ejemplo, existen la ley 1.52 USC/ 30121, también la 2.18 USC/611 y la 3.18 USC/ 595, que precisan sobre la interferencia de terceros, el financiamiento internacional y otras felonías digitadas desde el exterior, asociadas al desarrollo de unas elecciones. Algunas de estas normas penan con 5 años de reclusión carcelaria y multas hasta de un millón de usd, a quienes incurran en este tipo de delitos. Las sanciones se aplican tanto a personas como a gobiernos extranjeros.
Por otro lado, en perspectiva es importante destacar que esta forma de intromisión imperial, intolerable para su propio país, también es un asunto donde se aplica la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz.
Debe quedar claro en definitiva que no es una cuestión o postura ideológica de izquierda o progresista rechazar este injerencismo estadounidense, no importa que se sepa que lo han hecho siempre, quizás lo original ahora sea que los protagonistas de esta política imperial lo admiten y exponen públicamente como algo natural. Este descaro explicito es por tanto una extraordinaria oportunidad, para la denuncia oportuna y la acción política para enfrentarlo. (Texto y Foto: Francisco Delgado / Cubasí)
